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La Ley de vivienda de Sánchez podría expulsar del mercado dos de cada diez pisos de alquiler en Alicante
Su carácter intervencionista podría desincentivar que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas, lo que reduciría la oferta y subiría los precios, que ya han aumentado más del 11 % durante el último año, según un estudio
La encuesta anual de la asociación de extranjeros InterNations sitúa a Alicante como la mejor ciudad del mundo en cuanto a vivienda asequible. Sin embargo, esto podría cambiar en el corto plazo, según un reciente estudio de Tecnocasa, que apunta a que con la Ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada el pasado mes de mayo, se podrían expulsar del mercado a dos de cada diez pisos de alquiler del parque de viviendas de la ciudad.
El informe Análisis del mercado de la vivienda en Alicante, elaborado con la información de las operaciones de intermediación inmobiliaria y financiera realizadas por las oficinas de Tecnocasa en Alicante, señala que la inseguridad jurídica podría llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler y buscar otras opciones de negocio.
La compañía estima que ello supondría la desaparición de más de 6.600 viviendas que actualmente están alquiladas, lo que provocaría que la oferta de alquiler en la ciudad se reduciría un 19,77 %. El barrio de Benalúa, apuntan, sería la zona que se vería más afectada, con una posible disminución de la oferta del alquiler de hasta el 30 %. Según el estudio, una vez finalizado el contrato de alquiler vigente, el 9,3 % de los propietarios alicantinos se plantea la venta de la casa, mientras que un 10,4 % baraja otras opciones como el arrendamiento para un uso diferente al de vivienda.
Alza de precios
El precio de los alquileres ya ha crecido durante el último año en Alicante un 11,3 %. El precio medio del metro cuadrado es de ocho euros y la renta mensual media supone unos 640 euros, según los datos aportados por Tecnocasa. Pero esa hipotética caída de la oferta podría disparar los precios aun más, a consecuencia de la nueva norma, que recoge en su articulado algunas medidas que pueden desincentivar que el propietario apueste por poner su piso en alquiler.
La Ley por el derecho a la vivienda se aprobó con el espíritu de «aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles» y «evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda». Sin embargo, su carácter intervencionista, como suele ocurrir, puede generar el efecto contrario al pretendido, como con las limitaciones al precio del alquiler, que pueden producir que muchos propietarios se piensen mejor lo de arrendar sus casas.
Una de las fórmulas para capar los precios es mediante la declaración de zonas de «mercado residencial tensionado» durante un período prorrogable de tres años para poder aplicar esas medidas de reducción de las rentas. Alicante está considerada como una de estas zonas. En paralelo, se estipula un incremento máximo anual del 3 % del precio del alquiler en los contratos vigentes durante 2024. Y, a partir de 2025, también se dictaminará un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC «que evite incrementos desproporcionados en la renta», según el Ejecutivo de coalición.
