El BNG comienza su ofensiva para echar a la Guardia Civil de Galicia y sustituirla por una policía autonómica

El Parlamento de Galicia votará este martes la proposición de ley que daría comienzo a la retirada de la Guardia Civil de Galicia. Se trata del trámite previo a la presentación de esta ley en el Congreso de los Diputados.

Ha sido el BNG el encargado de confeccionar esta proposición que fue admitida a trámite y será defendida en la Cámara autonómica. Concretamente, se pretende dar pie a una ley orgánica que posibilite el traslado de competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria a una futura policía autonómica.

«El autogobierno debe ser entendido como instrumento de construcción de la identidad diferencial gallega y como herramienta de modernización y de progreso para los gallegos», se puede leer en la motivación de dicha propuesta donde subraya que el estatuto de autonomía «permite la creación de una policía autonómica». «La transferencia de la competencia sobre tráfico y seguridad va a contribuir directamente a una mejor y más diferenciada a una atención y una realidad específica de Galicia», añaden.

Por lo tanto, el partido nacionalista pretende que la «policía de Galicia ejerza las funciones de vigilancia de tráfico en las vías interurbanas». En este sentido, añade que «durante el periodo de tiempo para que la policía gallega compete su despliegue (...) la Guardia Civil continuaría ejerciendo las funciones». Además, aseguran que su intención es que el personal de Guardia Civil sea absorbido por este nuevo cuerpo de manejo autonómico.

Promesa electoral

Esta proposición no es otra cosa que un cumplimiento de parte del programa electoral del BNG donde se recogía la creación de esta policía autonómica que iría sustituyendo las funciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En el mismo plantean la autodeterminación del pueblo gallego bajo la premisa de «decidir por nosotros mismos», la enseñanza totalmente en gallego o la «lucha contra el discurso españolista y centralizador».

Por lo tanto, más allá de una medida de traslado de competencias, es en sí una declaración del interés del partido en suprimir la Guardia Civil y todas las connotaciones que esta supone en la sociedad.