El Estado recurre a unos «estatutos» para no ceder gratis la cárcel de La Coruña
El Gobierno afirma que traspasará el edificio al Ayuntamiento «en los términos» acordados en 2005
El Estado se niega a ceder gratis al Ayuntamiento la vieja cárcel de La Coruña, que sucumbe al abandono tras cerca de 15 años sin uso. El argumento en el que se escuda para defender esta postura es que no lo permiten «el objeto social y los estatutos» de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), propietaria del inmueble.
Esta es la respuesta que ha ofrecido a la senadora María Carmen Da Silva, del BNG, que preguntó si el Gobierno «negociará con el Ayuntamiento de La Coruña la recuperación y rehabilitación» de la antigua prisión y «su cesión gratuita».
El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, explica que los estatutos de la Siepse, «en virtud de la legislación vigente», «no permiten a esta sociedad estatal plantearse la gratuidad en la transmisión del inmueble» y que esta «tiene la obligación de defender los intereses patrimoniales de la Administración General del Estado».
El viejo inmueble carece de actividad permanente desde que dejó de funcionar como un centro de inserción social hace cerca de 15 años. ¿Cuál es el impedimento para que este edificio se convierta en un equipamiento para uso y disfrute de los ciudadanos? Un convenio firmado entre el Ayuntamiento e Instituciones Penitenciarias en 2005 para que la prisión pasase a manos municipales a cambio de la cesión de un terreno de 8.000 metros cuadrados junto a las Cocheras de los Tranvías y un pago de 1,2 millones de euros (el montante económico nunca se abonó).
La aplicación de este acuerdo ha derivado en un complejo y largo proceso judicial entre la Administración estatal y local, ambas controladas por el PSOE en la actualidad. El último episodio tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando un juzgado declaró nulo el convenio de 2005.
Sobre este último fallo judicial, el Ejecutivo central asegura en la respuesta en el Senado que lo recurrirá y que el «objeto de la demanda de la Siepse había sido «exigir el cumplimiento del convenio» y que «hay que tener en cuenta que la disposición a dialogar con el Ayuntamiento de La Coruña por parte de esta sociedad ha sido permanente desde el año 2010, en el que se incumplió el convenio por su parte, y esa misma actitud de diálogo continúa sobre la transmisión de la antigua cárcel en los términos acordados».