Boca de riego en una finca
Los regantes piden a la Junta el mismo trato en infraestructuras para la sequía que en políticas verdes
Solicita a la administración andaluza que suavice y agilice la tramitación para presas, balsas, trasvases y plantas de aguas regeneradas contemplada en su proyecto de Ley de Gestión Ambiental
Feragua ha solicitado a la Junta de Andalucía que las infraestructuras destinadas a combatir la sequía, como presas, trasvases, balsas y plantas de regeneración de aguas, reciban el mismo trato favorable y ágil que los proyectos de hidrógeno verde y plantas fotovoltaicas, considerados «inversiones estratégicas». En sus alegaciones al anteproyecto de la Ley de Gestión Ambiental, piden reducir los tiempos y la complejidad de los trámites administrativos, asegurando que estas medidas no comprometen las garantías ambientales.
La propuesta incluye que los grandes proyectos, actualmente sometidos a la «autorización ambiental unificada», pasen a la versión «simplificada», cumpliendo con la normativa ambiental, pero acelerando su ejecución. Para las balsas, pequeñas presas y proyectos de modernización, Feragua aboga por sustituir la autorización actual por una «licencia ambiental y declaración responsable», que permita el inicio inmediato de las obras bajo la responsabilidad de los titulares, siempre cumpliendo la normativa. Según el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, esta agilidad es esencial, ya que estas infraestructuras son clave en la lucha contra los ciclos de sequía y las inundaciones.
Cepeda ha subrayado que esta medida no solo sería coherente con la narrativa de la Junta sobre la prioridad del agua en Andalucía, sino que también marcaría una diferencia con políticas anteriores al anteponer las necesidades humanas y de desarrollo sostenible sobre exigencias ecologistas desmedidas.
Por otro lado, Feragua solicita que los sedimentos naturales de las balsas y canales de riego, compuestos principalmente por limo y arcilla, queden fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Gestión Ambiental. Considerar estos sedimentos como residuos genera un coste insostenible para los regantes y contraviene la práctica agrícola tradicional, donde se reutilizan para enriquecer las tierras colindantes. Cepeda calificó esta interpretación como un «dislate técnico» que afecta gravemente a los agricultores.
