En torno a la Universidad CEU Fernando III

En la sesión plenaria que se celebró el pasado miércoles 27 de septiembre en el Parlamento de Andalucía, se aprobó, con los votos de VOX y del Partido Popular, la Ley de reconocimiento de la Universidad privada CEU Fernando III. Igualmente, vio la luz la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea, que contó con los mismos apoyos en la cámara.

Una muy buena noticia para el ecosistema de los estudios superiores de nuestra región y también un avance en nuestro sistema de libertades.

La normativa universitaria española, en sus sucesivas formulaciones, no ha dejado de exigir que esta potestad de los gobiernos autonómicos con competencias en la materia se efectúe como cualquier proyecto de ley al uso. Así se dispone en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) y en el artículo 5 de la Ley Andaluza de Universidades.

En estos meses, pudimos leer y escuchar una serie de acusaciones, más o menos insidiosas y en nuestro juicio sin fundamento, vertidas desde el PSOE y Por Andalucía. Más allá de una cristofobia beligerante, han justificado su oposición frontal a estas leyes en base a una supuesta falta de calidad de los nuevos proyectos; un criterio ambiguo que no se han molestado en argumentar o desarrollar ni siquiera mínimamente.

Cuando las entidades CEU Fernando III y UTAMED instaron la solicitud de reconocimiento ante la Junta de Andalucía, debieron adaptarse a los requisitos y condiciones establecidos en el entonces vigente Real Decreto 420/2015 de 29 de Mayo de creación, reconocimiento autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Posteriormente, un nuevo Real Decreto –el 640/21 de 27 de Julio- vino a variar alguno de los parámetros de exigencia, sin que las disposiciones transitorias de esta norma aclarasen su alcance respecto de los expedientes en curso.

Sea como fuere, durante la tramitación parlamentaria se presentaron unas enmiendas parciales que, tras su inclusión en el dictamen de la ponencia y la consecuente modificación del anteproyecto de ley inicial, dejaron fuera de toda duda la corrección formal y material de las leyes aprobadas. Así, la oferta académica de ambas universidades se ha adaptado por completo a la legislación vigente.

Tampoco se comprenden muy bien las noticias surgidas estos días del entorno de algunos de los rectores de las universidades públicas de nuestra región, poniendo en tela de juicio la capacidad y calidad de las privadas sin aportar un solo dato que corrobore e informe esas opiniones.

En cualquier caso sería, como mínimo, muy aventurado emitir una valoración por adelantado de un trabajo y unos logros que se alcanzarán (o no) una vez CEU y UTAMED hayan empezado andar. Que no se nos olvide que, tras la Ley de reconocimiento, CEU Fernando III y UTAMED habrán de solicitar la correspondiente autorización de inicio de actividades, la cual sólo se les concederá “una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones y los requisitos para su creación o reconocimiento establecidos por la normativa vigente, en su ley de creación o reconocimiento aprobada por la Asamblea de la Comunidad Autónoma (artículo 11 del RD 640/2021) ¨.

En este sentido, cualquier prevención que se quiera establecer pondría en duda la imparcialidad del sistema universitario en su conjunto, ya que públicas y privadas se someten al mismo cauce de acreditación, ya sea con la estatal ANECA o con la andaluza ACCUA, que son agencias independientes.

En definitiva, parece que finalmente se ha podido imponer el sentido común, y la comunidad universitaria crece en expectativas de futuro.

No puedo dejar de destacar que para todos aquellos que creemos firmemente en los valores del humanismo cristiano, la consolidación de la Universidad CEU Fernando III en nuestra tierra supone un motivo de especial regocijo.

Si queremos avanzar en pos de una sociedad más libre y más justa, solo desde la defensa de la dignidad del hombre y el amor al prójimo podremos construir un mundo mejor.

Alejandro Hernández es parlamentario andaluz de Vox y Presidente de la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento de Andalucía