Antídoto contra la corrupción
Sin una justicia eficaz e independiente, el trinque, el ventajismo y la corrupción circulan a su antojo en algunos miembros de su clase política
La corrupción, si se hace sistémica, termina deteriorando los valores esenciales de una sociedad. Si la perversion se instala en la cúpula dirigente de un país, utilizando su autoridad para beneficio propio o de los suyos, contrariando la ley o los principios morales, ese país se sumerge en una crisis general que deteriora todos los instrumentos que permiten su desarrollo económico y su convivencia civilizada.
España ha sido víctima de dirigentes corruptos que han generado una pérdida de confianza en quienes dirigen sus destinos. Cuando se denuncian casos de corrupción para acceder al poder, es obvio que la mayor contradicción entre los dichos y los hechos sería caer en las mismas corruptelas cuya denuncia facilitó al denunciante su acceso a la gobernación del Estado. Esto, por desgracia, está ocurriendo en España y es la razón por la que la ciudadanía no tiene más esperanza para rectificar el rumbo emprendido que se dote por fin al país de una Justicia que sea verdadero antídoto contra actos corruptos de sus dirigentes. De ahí que se haya acogido con cierta esperanza la firma del pacto judicial suscrito entre los dos grandes partidos nacionales, con todas las reservas que se quieran hacer sobre la eficacia del mismo.
Los recalcitrantes contra lo que llaman el consenso de 1978, al que denigran arguyendo que se trata de una apariencia de consenso social cuando en realidad es un mero consenso político para manipular a quienes ellos llaman «masas de cretinos», no pasa de ser una descalificación más de algunos doctos personajes que, en el fondo, no aceptan más criterio que el suyo propio. Porque si consideran que la firma de dos partidos que representan al 70 % de la ciudadanía no puede calificarse de consenso social, ¿cómo se concreta en las sociedades modernas la voluntad del cuerpo social? ¿Acaso por la vía de aventureros libres como en su día Ruiz Mateos o Jesús Gil, o ahora Alvise Pérez?
Con todos sus defectos, no se han encontrado aún fórmulas que mejoren la representatividad social a través de organizaciones, sean políticas o sean profesionales. Y ese es el gran reto de la forma en que se pueda concretar la aspiración de que los jueces sean los que elijan a los jueces vocales del CGPJ. Si partimos de que más de la mitad de los jueces españoles no forman parte de ninguna asociación, ¿cómo pueden conseguir ser elegidos? O se agrupan posicionalmente con otros o enarbolan en solitario, al estilo Alvise, sus planteamientos. Pero luego, que nadie se extrañe del resultado, porque las aventuras solitarias sólo enganchan por sus críticas no por sus formulaciones para mejorar la situación que suelen reducirse a soflamas descalificatorias.
Las reservas sobre la eficacia del pacto no cabe duda de que son alimentadas por quienes piensan que en la política sólo hay tonalidades fuertes, blancas o negras, cuando el interés general suele encontrarse siempre en los tonos grises. VOX acusa al PP de traicionar al electorado porque ha suscrito un pacto con el rey de la mentira. Y el PSOE tampoco está muy acertado cuando, en menos de 24 horas, manifiesta que el pacto no es vinculante. Cualquier jurista de primer curso sabe que el axioma «pacta sum servanda» no es una entelequia sino un compromiso firme para cumplir lo pactado, cuyo texto ha quedado depositado en la Unión Europea. Y es verdad que la propuesta que formule el nuevo Consejo no obliga a los firmantes a su aceptación, pero si a cumplir el compromiso de que «la participación de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales jueces del CGPJ sea en forma más o menos directa», aunque el diseño de esa participación queda abierto a la propuesta del nuevo Consejo, que puede ser enmendada, siempre por mutuo acuerdo de los firmantes.
Seguro que la forma en que se determina esa «participación» de los jueces en la elección de sus pares será la gran cuestión que obligará a cesiones mutuas, siempre convenientes para construir amplias mayorías en asuntos de Estado. Pero hay dos aspectos que refuerzan las esperanzas de que se avanzará en hacerlo todo mejorando y reforzando un verdadero Estado de Derecho.
Una razón para la esperanza es la exigencia expresa e indubitada de que el CGPJ funcionará en adelante con mayorías reforzadas de 3/5, lo que obligará al pacto y al compromiso. Y otra, la recomendación de tomar como base el informe del 2 de diciembre de 2022 del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), recordando que las normas del Consejo de Europa disponen que «los vocales jueces deben ser elegidos por sus homólogos», sin que deban participar los poderes legislativo y ejecutivo en el proceso de elección.
Cuando se recomienda seguir los criterios del órgano europeo contra la corrupción, todos entendemos que es porque sin una justicia eficaz e independiente, el trinque, el ventajismo y la corrupción circulan a su antojo en algunos miembros de su clase política que se conducen desenfrenadamente como nuevos dictadores que hacen de su capa un sayo «porque los ha elegido el pueblo». Ese pueblo que es la principal víctima de sus desafueros, y cuya aspiración máxima es que se cumpla aquella sentencia de Seneca que aconsejaba «tratar a tu inferior como quieras ser tratado por tu superior».
