Justicia independiente
El acuerdo histórico sobre el poder judicial, al haberse producido en un momento de sofocante polarización de la vida política, debe tener una lectura positiva para quienes venimos defendiendo que los españoles estamos capacitados para el acuerdo y el compromiso, en contra de quienes, por razones de estricto ventajismo político, quieren llevar al país a una permanente confrontación de ideas y comportamientos. Que se ha acertado con el pacto, no ofrece duda viendo las reacciones de los extremos, disconformes y empeñados en una pelea sin fin que a nada bueno conduce.
No es momento de valorar si alguno de los firmantes cumplirá o no sus compromisos. Ahora es el momento de valorar si es bueno o no lo es para la independencia de un poder, como el judicial, afectado hoy de un manoseo insufrible por parte de quienes son incapaces de entender los principios democráticos que diferencian a los estados de derecho de las autocracias. Y de entrada se valoran varios aspectos, empezando con el desbloqueo de una situación insostenible que estaba afectando al derecho fundamental de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva, dada la lentitud en la administración de justicia ante la multitud de vacantes sin cubrir por mor de haberle privado al órgano de gobierno de los jueces de la facultad de hacer nombramientos mientras tuviera caducados sus mandatos.
Con el pacto suscrito se evita el varapalo sin precedentes que la Comisión Europea, en su informe de finales de junio, daría a España sobre la situación del Estado de Derecho, con las graves consecuencias admonitorias y sancionadoras. El pacto abre una puerta para garantizar, a través de la proposición de ley que el nuevo CGPJ debe elaborar en un plazo de seis meses, la independencia del poder judicial y la intervención de la judicatura, en forma más o menos directa, en los nombramientos de la cúpula directiva de dicho poder. Cualquier enmienda a dicho proyecto legislativo deberá ser consensuada por los dos partidos firmantes, PP y PSOE.
La exigencia de mayorías reforzadas para los nombramientos y la aplicación de criterios objetivos en la designación de candidatos dificultarán el sometimiento al Ejecutivo, al tiempo que evitarán la colonización partidaria de un poder que es garante de los derechos ciudadanos.
La prohibición de nombrar a un exministro Fiscal General y las limitaciones para los jueces que hayan sido políticos, son un avance en el tema de las puertas giratorias aunque, en principio, nos parecen exiguos los dos años previstos para que puedan volver a dictar sentencias. En este sentido, son los jueces los que debieran ser más exigentes en la materia porque su papel es fundamental para la confianza de los ciudadanos. Y estos quieren verlos imparciales y justos, algo que el ciudadano difícilmente aprecia en quien ha sido beligerante en la lucha política porque entiende que siempre queda un grado de contaminación.
Que las críticas al pacto provengan de los separatismos y de los extremos es señal inequívoca del acierto del mismo. Quizá esté llegando la hora de que se ponga en marcha una nueva época de pactos de Estado que rectifiquen los fallos que el sistema político nacido de la Transición ha ido poniendo de manifiesto, entre ellos el excesivo papel con el que ciertas minorías han ido marcando la pauta de la acción política.
Los españoles hemos sido capaces de entendernos. Lo fuimos entonces, al salir del régimen franquista, y lo somos ahora. Solo hace falta que los políticos interpreten correctamente lo que quiere el 70 % de los españoles, porque la democracia es el gobierno de la mayoría respetando a la minoría. Y por desgracia llevamos sufriendo un tiempo en el que unas minorías abigarradas, radicalizadas y egoístas, sean de un signo u otro, vienen hipotecando el futuro de un país que no se merece el frentismo a que quieren condenarlo.
Un país que no puede seguir tolerando las distintas varas de medir con las que se enjuicia la conducta de unos y otros. No es aceptable el papel de un Fiscal General que, lejos de cumplir su misión de velar por la aplicación de la legalidad, se convierta en abogado defensor a ultranza de conductas irregulares. Ni es comprensible que un Tribunal Constitucional contaminado siga instrucciones, anunciadas previamente, para liberar de responsabilidad a quienes, por acción u omisión, protagonizaron el mayor caso de corrupción conocido hasta ahora: el desvío de cerca de 700 millones de euros de los parados andaluces para el enriquecimiento de unos pocos aprovechados y el usufructo del poder durante cerca de cuarenta años.
Estas cosas ocurren cuando se relajan las conductas y se manipula la justicia. Como dijo Willy Brandt, «permitir una injusticia es abrir el camino a todas las que seguirán». Y eso es lo que estamos viendo en España, haciendo buena la sentencia de Pablo Neruda: «El fuero es para el gran ladrón, y la cárcel para el que roba un pan». Por ello, la única gran garantía para el ciudadano de a pie es acabar con los privilegios. Y el primer paso para ello es contar con una justicia independiente.
