Desmantelar al Estado

El 27 de diciembre último, nueve asociaciones de guardias civiles mostraron su «total y absoluta disconformidad» con el posible traspaso de competencias sobre la seguridad en los puertos y aeropuertos de Cataluña a los «Mossos d’Esquadra», alegando que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad otorga a la Guardia Civil la competencia sobre la custodia terrestre, fronteras, costas, puertos, aeropuertos y centros de interés. Con razón, los miembros de la Benemérita destacan que, puertos y aeropuertos, son infraestructuras estratégicas de la seguridad nacional y fueron objetivo de los movimientos independentistas que protagonizaron el «proces catalán», colapsando el aeropuerto barcelonés y paralizando otras infraestructuras de especial importancia.

Unos días antes, el 23 de diciembre, un Real Decreto transfería al Gobierno Vasco, a partir del 1 de abril de 2025, la gestión del litoral Vasco y el régimen de autorizaciones y concesiones del dominio público marítimo-terrestre del litoral de aquella comunidad, poniendo elementos de interés nacional bajo el control de organizaciones territoriales.

Y poco antes, en pleno puente de la Constitución, el BOE publicaba la cesión de las competencias de tráfico y circulación de vehículos a la Policia Foral de Navarra, expulsando sin paliativos a la Guardia Civil de dicho territorio en materia de tráfico, toda vez que la propuesta que el Senado hizo para coordinar ambos cuerpos, fue rechazada por ese conglomerado de trileros que sostiene a Sánchez en el Congreso.

Las fechas elegidas para estas tres bajadas de pantalones acreditan la mala conciencia del sanchismo, aprovechando puentes y fechas de especial significación festiva para colar las desverguenzas de sus atentados a la dignidad nacional. No tenemos, por tanto, un Gobierno progresista; tenemos un grupo de ventajistas sometidos a varios piratas disputándose el botín de todos los españoles. Y el último episodio en esa línea fullera, también en fechas que cogieran dormida a la opinión pública, ha sido la compra de la alcaldía de Jaén usando el dinero de todos con la misma cara dura con la que compraron la Generalitat catalana o el Gobierno de Navarra.

A estas alturas, cualquier alegato que pretenda hacerse sobre el respeto a unas normas y a unos principios por parte de Sánchez, es como predicar en el desierto. Otra cuestión es la parte de responsabilidad, de enorme responsabilidad, que hay que reclamar a quienes le sostienen. Que son los mismos que muy pronto, cuando el cascarón de los privilegios que hoy les envuelve se torne gris y quebradizo, buscarán miles pretextos para salvarse de la quema, dejando solo al patrón al que hoy besan la mano, mientras sangran a los españoles que producen, que trabajan y a los que esquilman para comprar los votos de quienes le sostienen.

Cuando el hundimiento de Sánchez se produzca, la regeneración que este país necesita debe iniciarse, entre otras cosas, abordando sin demora la revisión del título VIII de la Constitución en lo concerniente a las competencias exclusivas del Estado. Los enemigos de este no pueden seguir sangrando su propia esencia, reclamando sin cesar transferencias que debilitan al propio Estado, a la seguridad ciudadana y al principio de igualdad.

De una vez por todas hay que abordar la clarificación en materia competencial. Miguel Herrero, uno de los siete padres de la Constitución, ha recordado recientemente cómo fue el mismo Arzallus, prohombre del nacionalismo vasco de la Transición, el que hizo hincapié en la necesidad de consagrar un principio básico de los regímenes federales auténticos: lo verdaderamente importante, se subrayaba, es que el Gobierno federal, o sea el Gobierno central, tenga unos poderes EXCLUSIVOS e INDELEGABLES. A ver si, de una vez por todas, para que los espurios intereses de unos pocos no desmantelen al Estado, hay políticos españoles con la entereza y la dignidad suficiente para acabar con el mercadeo en el que una casta de oportunistas y mediocres han convertido a una tarea tan noble como el del servicio a la comunidad.