Guarderías de delincuentes: la farsa de los centros tutelados

El presunto asesinato de la educadora social Belén Cortés a manos de tres menores tutelados no es solo una tragedia. Es el síntoma final de un sistema podrido que, lejos de proteger a quienes lo necesitan, ha degenerado en un refugio para delincuentes en potencia. No nos engañemos: lo ocurrido en Badajoz no es un caso aislado, sino la consecuencia lógica de un modelo que hace mucho dejó de funcionar.

El sistema de tutela de menores en España está roto. No se trata de una afirmación grandilocuente, sino de un hecho palpable para cualquiera que observe con un mínimo de rigor. No hay disciplina, no hay control, y lo peor de todo: no hay consecuencias reales para quienes, bajo el paraguas de la minoría de edad, campan a sus anchas sin el menor respeto por la ley ni por la vida humana.

Este caso en particular ha destapado todas las miserias de un entramado que, con la excusa de la protección social, ha abandonado a su suerte tanto a los profesionales que trabajan en estos centros como a los propios menores que, sin figuras de autoridad firmes, se convierten en bombas de relojería.

Los trabajadores de estos pisos tutelados llevan años denunciando el abandono institucional, la falta de recursos y el peligro constante en el que desempeñan su labor. Nadie los escucha. Hasta que sucede una tragedia. Y ni siquiera así.

Lo más repugnante de este asunto son las declaraciones de algunos familiares de los menores involucrados. El padre de uno de ellos ha dicho que no puede creerse lo que ha ocurrido. ¿De verdad? ¿No vio venir nada? ¿No había indicios de que su hijo era un peligro para la sociedad? Si no lo había, mal por él. Y si lo sabía y miró para otro lado, peor todavía. La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos es ineludible, aunque la sociedad posmoderna nos quiera vender la mentira de que todo es culpa del «sistema» y de «las circunstancias».

Las circunstancias no matan a golpes y asfixian a una mujer. Las personas, sí. Y estos menores han cometido un asesinato con premeditación. Pero aquí viene el gran problema: la ley los protege. La famosa Ley del Menor, esa que convierte en intocables a individuos perfectamente capaces de distinguir entre el bien y el mal, pero que encuentran en la legalidad vigente la coartada perfecta para actuar con impunidad.

Estos menores, por mucho que su crimen sea atroz, serán tratados con guantes de seda. No habrá justicia real. Se les aplicará una medida de internamiento en un centro de reeducación y, en pocos años, estarán de nuevo en la calle, listos para reincidir. Porque la realidad es que muchos de estos menores no se reinsertan: siguen delinquiendo, siguen escalando en la violencia, y muchos de ellos terminan convertidos en criminales adultos con carreras delictivas nutridas por un sistema blando y permisivo.

Seamos claros: el sistema de tutela de menores está diseñado para fracasar. Porque parte de una premisa errónea: que todos los menores pueden ser salvados con buenos cuidados y afecto. Ojalá fuera así. Pero la realidad es que hay perfiles para los que la reinserción es una utopía. Y cuando ese tipo de menores son colocados en centros sin una estructura sólida, sin autoridad real, sin consecuencias inmediatas para sus actos, el resultado es el que hemos visto en Badajoz.

Y luego está la otra gran mentira: que estos centros son lugares seguros. No lo son. Prima la falta de personal preparado, la escasez de medidas de seguridad y la ausencia de protocolos eficaces que hacen de estos lugares un caldo de cultivo perfecto para la violencia.

Los trabajadores sociales han denunciado agresiones, amenazas e incluso intentos de homicidio. ¿Se ha hecho algo al respecto? No. Porque, en la mente de quienes diseñan estas políticas, los derechos de los menores infractores pesan más que la vida y la integridad de quienes trabajan con ellos.

Es hora de poner los puntos sobre las íes. No podemos seguir permitiendo que la muerte de inocentes sea el precio a pagar por una política de protección infantil que solo protege a los violentos. Es necesario endurecer las leyes, garantizar que quienes cometen crímenes graves tengan consecuencias reales y dejar de tratar como víctimas a quienes han demostrado ser verdugos.

Es urgente revisar el sistema de tutela de menores, establecer centros diferenciados según el grado de peligrosidad de los internos y dotar a estos espacios de la seguridad y la autoridad necesarias para evitar que situaciones como la de Belén Cortés se repitan.

Pero, sobre todo, es necesario un cambio de mentalidad. Dejar de lado el buenismo ingenuo que nos ha llevado hasta aquí y asumir que hay jóvenes que no están en estos centros para ser protegidos, sino para ser contenidos antes de que causen un daño irreparable. Como ya han hecho.

La sangre de Belén no puede quedar impune. Y no me refiero solo a las consecuencias legales para sus asesinos, sino a la transformación de un sistema que ha permitido que esto ocurra.

Basta de escudos legales para delincuentes. Basta de centros tutelados que son poco más que guarderías de criminales. Basta de un sistema que da la espalda a quienes trabajan para proteger a la sociedad. O corregimos el rumbo ahora, o seguiremos lamentando muertes evitables mientras los culpables encuentran refugio en una legalidad ciega, absurda y suicida.