Madrid prohíbe el acceso de patinetes eléctricos al transporte público tras la explosión de uno de ellos

Freno al patinete eléctrico en Madrid. El Gobierno regional ha prohibido la entrada con este tipo de vehículo al transporte público. Lo hace después de que uno de ellos explotase en un tren del Metro de Madrid la pasada semana causando graves daños.

La Comunidad de Madrid ha acordado impedir de manera provisional el acceso de usuarios con patinetes eléctricos a la red de transporte público de la región «para garantizar la seguridad de los viajeros» y de los trabajadores.

Esta decisión, adoptada este viernes en la reunión del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), se ha llevado a cabo después del incidente del pasado 17 de octubre cuando explotó la batería de uno de estos dispositivos en el interior de un tren que se encontraba en la estación de La Elipa, en la Línea 2 de Metro, que no causó daños personales pero sí materiales, así como la interrupción del servicio.

Esta restricción, de carácter temporal hasta que se verifiquen completamente las condiciones de seguridad de este tipo de elementos en el transporte público, entrará en vigor este próximo 4 de noviembre y se aplicará en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) e interurbanos y urbanos en otros municipios, así como en las instalaciones y vehículos de Metro de Madrid y los cinco intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América.

Para velar por el cumplimiento de esta resolución, en la que también ha prevalecido la protección de los trabajadores de las diferentes empresas, el CRTM va a solicitar a los operadores implicados la difusión este cambio en sus canales de información digitales e impresos, como redes sociales, páginas web, cartelería, paneles o vinilos informativos. El incumplimiento de esta limitación conllevará la inmediata expulsión de los infractores.

El Consejo de Administración del CRTM está integrado por representantes de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de la capital y el resto de consistorios de la región, así como de la Administración General del Estado, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales del sector y de consumidores y usuarios.