Las claves del recurso de inconstitucionalidad de Ayuso contra la ley de amnistía

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a presentar en un plazo máximo de tres meses el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo pero que no salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el pasado martes 11 de junio.

Es desde esa fecha cuando comienza a correr el plazo de tres meses que la Ley del Tribunal Constitucional fija para impugnar una ley desde su publicación. El Ejecutivo madrileño no tiene prisa y previsiblemente agotará ese tiempo, que finaliza el próximo 11 de septiembre, a tenor de las declaraciones de la presidenta al respecto. «Hay que ser cautos y preparar debidamente todos los informes preceptivos. No hace falta correr, sino hacer las cosas debidamente», afirmaba este miércoles interrogada por este periódico por la fecha concreta en la que cree que podrán interponer ese recurso.

El último Consejo de Gobierno ha acordado la interposición del recurso ante el Constitucional después de que hace unas semanas, tras la aprobación de la ley en la Cámara Baja, solicitara un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos emitían posteriormente un dictamen que avala la interposición del recurso que se materializará a lo largo de los próximos 90 días.

En su argumentación, la Abogacía del Ejecutivo de Ayuso denuncia que la ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de los siete votos que necesitada del partido de Carles Puigdemont para ser investido presidente atenta contra «los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución». Defiende, además, que «nuestro Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales».

Los juristas de la Puerta del Sol consideran que «no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución».

En el recurso, la Comunidad de Madrid también va a esgrimir que la ley de amnistía supone «una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

Desde el Gobierno de Ayuso también recuerdan que el Gobierno de Sánchez ha sacado adelante esta norma sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.

Para Ayuso, esta ley está «redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática» y no supondrá el fin de nada sino que «abre la puerta a todo lo que viene a continuación». En este sentido, la dirigente madrileña opina que lo próximo que vendrá será el referéndum, así como el «desamparo de los españoles y la ruptura de la convivencia otra vez».

La presidenta cree que «la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho, que hace difícilmente reparable tanto daño al buen nombre de España dentro y fuera» y, por ello, va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional, algo que también van a hacer la mayoría del resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, así como el propio grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.