El PSOE exige a Ayuso repartir 'mini' centros de menas por todo Madrid y situarlos cerca de colegios

El PSOE de Madrid ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid en la que exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso medidas para atender a los menores extranjeros no acompañados llegados a la región. Entre ellas, los socialistas han pedido que los centros de menas tengan un máximo de 30 plazas -frente al que el Ejecutivo madrileño plantea en Fuenlabrada de casi un centenar-, que estos estén repartidos por todos los municipios, de tal manera que se asegure el «equilibrio territorial», y en lugares que no estén «aislados» y donde haya «recursos socioeducativos suficientes».

Con esta propuesta, el PSOE-M, liderado por Juan Lobato, pretende justificar la negativa del alcalde socialista de Fuenlabrada, Javier Ayala, de que el Gobierno de Madrid levante, tal y como tiene previsto, un centro de menores en el municipio. «Es un centro que está pegado a un polígono industrial, en mitad de la nada, al otro lado de la carretera de Toledo con respecto a Fuenlabrada y donde los chavales tendrían que caminar durante kilómetros para poder acceder a un centro educativo, a un centro deportivo, a un centro cultural o a un centro sanitario. Es, a todas luces, un despropósito y el máximo ejemplo de lo que no se debe hacer», sostenía este lunes la diputada socialista Silvia Monterrubio tras presentar la citada PNL en la Cámara autonómica.

Además, ese mismo día, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó poner fin a la cesión del espacio Cerro de La Cantueña a la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno quiere poner en marcha el centro de menas, de 97 plazas, y revertir así la titularidad de dicho centro al Consistorio.

En concreto, la Junta de Gobierno ha acordado resolver la cesión al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999 donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que «debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada».

Asimismo, sostiene que «incumple los usos previstos por el planeamiento urbanístico vigente». Los informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, que no reconocía la titularidad municipal del centro, adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de La Cantueña.

Ayala ha acusado al Ejecutivo autonómico de «tratar de imponer este centro» en Fuenlabrada «sin las condiciones adecuadas, en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores propiciando su inclusión». «Nosotros apostamos por el consenso con otros municipios para que haya un reparto razonable y que todos aportemos en la solución. Fuenlabrada será el primero en ser solidario», agregaba.

Propuesta del PSOE

Así las cosas, mientras el Ayuntamiento socialista pone palos en las ruedas al Gobierno de Ayuso, que trata de hacer frente a una «caótica» política migratoria implementada por el Gobierno de Pedro Sánchez con las construcción de un nuevo centro, los mismos socialistas andan con exigencias a Madrid en cómo debe atender a los menores extranjeros no acompañados.

En primer lugar, la PNL de Lobato reclama a la Comunidad de Madrid «aceptar la propuesta de reparto vinculante, obligatorio y equitativo que permita garantizar una adecuada acogida a todos los niños y niñas migrantes tutelados por cualquier administración». Es decir, dar su bendición a la reforma de la ley de extranjería que, según Ayuso, es «una tomadura de pelo».

El PSOE también pide introducir una serie de cambios en el modelo de centros, entre los que destacan que «los recursos serán gestionados preferentemente de forma pública y directa», «limitar el número de plazas de los actuales centros de primera acogida, como Hortaleza, a 30 plazas, así como mejorar sus instalaciones, medios materiales y profesionales» o «crear nuevos centros de primera acogida que den respuesta a las necesidades presentes con un máximo de 30 plazas».

Asimismo, piden que «los centros de mayor estancia tengan un límite de 20 menores» y que «todos los centros, tanto los de primera acogida como los de larga estancia, se sitúen en áreas geográficas donde se favorezca la integración de estos, evitando así su establecimiento en zonas aisladas donde no haya recursos socioeducativos suficientes, especialmente aquellos centros destinados a adolescentes».

«Los centros no podrán sufrir incrementos de plazas más allá de las que se fijaron en su inicio, tampoco de forma temporal o extraordinaria, para evitar hacinamientos o 'macrocentros'» y «la situación de los centros y la acogida de menores dentro de la Comunidad de Madrid se realizará asegurando el equilibrio territorial», son otras dos exigencias del PSOE al Gobierno regional en esa Proposición No de Ley.

La iniciativa también plantea un límite temporal de seis meses de estancia en centros exclusivamente destinados a menores extranjeros no acompañados para que, una vez superado el proceso de adaptación inicial, «sean derivados a recursos de una red normalizada que sean más adecuados al perfil de cada menor para favorecer su integración».

Una vez cumplida la mayoría de edad, el PSOE pide que se aumente el número de plazas de autonomía hasta «cubrir las necesidades reales» de los menores que alcanzan los 18 años, «incrementando el coste por plaza actual de forma que permita ofrecer atención adecuada».