La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana DávilaEFE

Comunidad de Madrid

El Gobierno ignora las «serias dificultades» que tiene Madrid para atender a los menas: «Estamos colapsados»

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva tiempo denunciando la escasez de recursos para encargarse de todos los menores extranjeros no acompañados (menas) que tiene la obligación de atender. Tras aceptar el reparto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para acoger a otros 30 menores, la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales avanzó que, en total, calculan que terminarán el año con 2.200.

Una cifra que el departamento liderado por Ana Dávila considera inasumible, puesto que ya a día de hoy los centros de menas de la región se encuentran «colapsados» y hasta «al 200 % de su capacidad». Esta situación llevó a la consejera a remitir una carta el pasado viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska para abordar el asunto, en la que, además, alertó que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en un «coladero» por el que el año pasado entraron hasta 400.000 personas en situación irregular y por donde han entrado la mitad de los 110 menas que atendió Madrid el mes pasado.

En este contexto, Dávila acudió este lunes a la Conferencia Sectorial de Inmigración, liderada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien considera las reclamaciones del Gobierno madrileño una copia de «los mismos mensajes que escuchábamos por parte de Vox en pandemia, abrazando la desinformación y los bulos».

Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico denunciaron a la salida de ese encuentro que el Gobierno «no escucha a las comunidades» y tampoco se compromete a convocar la conferencia de presidentes, una reclamación que llevan tiempo realizando. Tanto es así, que la semana pasada Isabel Díaz Ayuso anunció que emprenderá acciones legales contra Sánchez si no convoca de inmediato esa conferencia con los presidentes autonómicos que no se celebra desde marzo de 2022.

Además, el Ejecutivo tampoco ha cedido a la petición de declarar la emergencia migratoria en toda España puesto que, en palabras de Dávila, esta crisis «afecta a todas las comunidades autónomas».

«Las comunidades autónomas estamos trabajando desde hace un año sin descanso para atender a todos los menores y a todas las personas que están repartiendo, mientras el Gobierno no está siendo solidario», lamenta la consejera.

Cabe recordar que en lo que va de año, la Comunidad de Madrid ha acogido a 1.239 menores inmigrantes no acompañados. Una cifra que el Gobierno regional calcula que va a incrementarse hasta los 2.239, es decir, en 1.000 más, antes de que culmine 2024. Así, se pone de manifiesto que la cantidad de menores extranjeros no acompañados que van a llegar a Madrid este año va a sobrepasar ampliamente el número que llegó el año pasado, cuando se atendió a 1.340. El Ejecutivo madrileño gasta en el acogimiento de estos menores 40 millones de euros anuales.

Ley de Extranjería

Así las cosas, este martes el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menas a otras comunidades cuando la receptora supere el 150 % de su capacidad de acogida.

El PP da por hecho que esa proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, recibirá los votos favorables de Junts. Mientras tanto, los populares consideran que no pueden facilitar la tramitación de una ley que «se basa en la imposición y no en el diálogo».

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