Así se fraguó el recurso de inconstitucionalidad de Ayuso contra la ley de amnistía que ya es una realidad

A fuego lento. Así es como se ha gestado el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la ley de amnistía que este lunes se materializó, cuando apenas quedaban un par de días para que expirara el plazo permitido para hacerlo. Igual que ella, el resto de barones populares también han anunciado este 9 de septiembre en cascada la presentación de sus recursos, siguiendo la estela del Partido Popular que, como partido, hizo lo propio la semana pasada.

Pero haber apurado tanto el plazo no es ninguna casualidad. Desde el minuto uno, Díaz Ayuso avanzó que daría la batalla contra la que ha calificado en innumerables ocasiones como «la ley más corrupta de la democracia» pero no lo haría de cualquier forma ni precipitadamente. «Hay que ser cautos y preparar debidamente todos los informes preceptivos. No hace falta correr, sino hacer las cosas debidamente», explicaba a mediados del pasado mes de junio.

El 30 de mayo había quedado aprobada definitivamente la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados con el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

En ese momento, el Ejecutivo autonómico solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y los servicios jurídicos emitieron un dictamen que avaló la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

En su argumentación, la Abogacía madrileña denuncia que la ley, que presentó el PSOE en solitario como contrapartida al apoyo de los siete diputados del partido de Puigdemont para investirle presidente, afecta «a los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales».

El Gobierno madrileño, en línea con el resto de Ejecutivos del PP de Valencia, Aragón, Murcia, Cantabria, Andalucía y La Rioja que también han presentado o van a presentar en las próximas horas sus propios recursos de inconstitucionalidad, considera que no se puede admitir un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con el principio de igualdad de todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Carta Magna.

Además, la Comunidad de Madrid considera que la ley de amnistía supone una ruptura con la separación de poderes porque, «a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres poderes del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

Por último, el recurso también recoge que la ley de amnistía ha sido aprobada «sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso».

Recusación de tres magistrados

En el recurso del Gobierno de la Puerta del Sol también se pide la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Candido Conde-Pumpido y de dos magistrados, Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su «pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE», formación que presentó en solitario esa ley de amnistía, lo que les «inhabilita para enjuiciar su constitucionalidad».

En el caso de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, bajo la presidenta de Pedro Sánchez, él mismo ya ha pedido abstenerse en la consulta planteada por el Supremo sobre la ley de amnistía, algo que, previsiblemente, quedará aprobado este martes.

Para Ayuso, además de Campo, tampoco debería poder pronunciarse sobre la idoneidad constitucional de esa ley ni Pumpido, que fue fiscal general del Estado con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ni Laura Díez, que hasta abril de 2022 ocupó el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y coordinadora jurídica del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y, antes de eso, entre 2018 y 2020, también pasó por el puesto de directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.