Alfonso Serrano, Isabel Díaz Ayuso y Ana Millán
La Justicia pide a la Asamblea que certifique si la número tres del PP de Madrid sigue siendo diputada
La causa se inició en octubre de 2020 aceptando la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza del caso Púnica
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha solicitado a la Asamblea de Madrid que certifique que la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, sigue siendo diputada regional. Así se reclama en una providencia dictada en el marco de las diligencias de ordenación abiertas tras recibir la Sala el testimonio de la causa que investigaba un juzgado de Navalcarnero por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares.
En la resolución, se emplaza a la Asamblea para que certifique, «lo más pronto posible, si Ana Belén Millán Arroyo, ostenta en la presente legislatura la condición de diputada electa de la Asamblea de Madrid, como resultado de las últimas elecciones al Parlamento autonómico de la Comunidad autónoma de Madrid».
El pasado 2 de agosto, se abrieron diligencias y se designó al magistrado Francisco Goyena para su tramitación. Ahora, el juez ha remitido esta petición para que la Cámara regional confirme la condición de aforada de la parlamentaria madrileña de cara a decidir si admite o no investigar las actuaciones.
Entretanto, la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid tiene que pronunciarse sobre la admisión o no de la causa. En caso de que se admitiera, Goyena tendrá que nombrar un magistrado instructor.
El pasado junio, la jueza de Instrucción número 6 de Navalcarnero se inhibió a favor del TSJM en la investigación que seguía contra la exalcaldesa de Arroyomolinos por su condición de ser aforada al ser vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid.
Y lo hizo al deducir conforme a las diligencias indiciariamente que los investigados, tanto Millán como un empresario, pueden ser «autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública».
La causa se inició en octubre de 2020 aceptando la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza del caso Púnica y del que no guardaba relación alguna.
