El bulo del Gobierno sobre la Ley de Vivienda: Madrid no es «insumisa» por no limitar los precios del alquiler

La semana pasada, la ministra de Vivienda del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, sorprendía con una amenaza explícita a Madrid y al resto de comunidades autónomas que no están declarando zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, tal y como contempla la Ley de Vivienda que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el año pasado.

Rodríguez tachó a estas regiones de «insumisas» y avanzó que, si no aplican esas zonas tensionadas, les retirará la financiación estatal para políticas de vivienda. Unas declaraciones incendiarias contra las que rápidamente reaccionó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dejando claro que no va a limitar los precios porque «no funciona y es un atentado contra la propiedad».

Pero es que, además, hay un detalle que parece que se le escapa al Gobierno socialcomunista y es que la Ley de Vivienda no obliga a las comunidades autónomas a aplicar esas zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler, si no que les da la potestad para hacerlo si así lo deciden. Es decir, no es algo imperativo, sino una posibilidad que cada Gobierno autonómico tiene para elegir, libremente, si aplicarlas o no, dado que son las autonomías las que tienen la competencia en materia de urbanismo.

«Las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el ámbito de sus respectivas competencias, zonas de mercado residencial tensionado», reza el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. «Podrán», no «deberán».

Por lo tanto, cuando la ministra de Vivienda habla de «insumisión» y de que hay comunidades autónomas que «no aplican la ley» está realmente lanzando un bulo que no se corresponde con la realidad de lo que establece la norma.

De hecho, así se lo recordó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien, después de que Ayuso sentenciara que no va a aplicar zonas tensionadas, le recordó que, con el cargo, «juró cumplir y hacer cumplir la ley».

«Si establecer o no zonas tensionadas se deja a las comunidades autónomas según la ley, ¿en qué punto incumple la Comunidad de Madrid la ley?», le preguntó Serrano a Martín.

Así las cosas, a pesar de la presión del Gobierno central –al margen de la ley–, Ayuso se mantiene implacable y no declarará zonas tensionadas ni limitará los precios del alquiler.

«Nos negamos a pactar el desastre porque los madrileños no han votado pobreza e intervencionismo», clamó el pasado lunes durante su intervención en el Comité Ejecutivo del PP autonómico.

«Si el Gobierno de la Nación quiere, con el dinero de los españoles, comprar la voluntad de los españoles, que lo haga directamente. Pero no vosotros no, mientras estemos en nuestra libertad y nuestra autonomía y cumpliendo las leyes, no vamos a poner en marcha todas aquellas prácticas que se han demostrado ser un lastre, entre otras cosas, para la vivienda como ha ocurrido en toda España», sentenció.

«Nos negamos a pactar con el desastre y hacer políticas desastrosas simplemente porque nos amenazan desde el Gobierno. Eso no significa insumisión, eso significa lealtad con el que nos ha votado y lealtad con la verdad. Intervenir la vivienda no solo es un atropello a la propiedad, sino que es un desastre. Y no nos verán en eso», apostilló.

En esa misma línea se pronunció este martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Rocío Albert, en una entrevista en Telemadrid en la que, interrogada por si es posible que el Gobierno cumpla su amenaza y deje a las comunidades que no declaren zonas tensionadas fuera de la financiación estatal para políticas de vivienda, afirmó que el Ejecutivo lo está «estudiando» porque, recordó, «la competencia en vivienda es de las comunidades».

Además, explicó que, en el hipotético caso de cumplir la amenaza, se tendría que aplicar a todas las comunidades «salvo Cataluña». «La ministra se dará cuenta de que es una competencia nuestra y, si no, no tendrá manera de ejecutar los fondos para vivienda», ahondó, antes de recordar que «la historia económica a lo largo de los siglos» ha demostrado que limitar los precios de la vivienda no funciona.