Los vecinos del edificio ocupado en Carabanchel denuncian violencia y los okupas dicen ser víctimas de estafa

Los vecinos de la calle Excelente número 6, no pueden más. El ambiente de crispación se vive cada día en las zonas comunes del edificio que está macrokupado. Los vecinos que han accedido a estas viviendas de forma legal, a través de la inmobiliaria Vivenio, están desesperados con la situación y no tienen esperanzas de que se solucione pronto. Por su parte, los okupas denuncian ser «víctimas de una estafa» ya que, según cuentan, les ofrecieron estos pisos en la cola del comedor social de la iglesia. Unos pisos por los que pagaron 2.000 euros de fianza y se comprometieron «a pagar 600 euros de alquiler al mes».

Este edificio de nueva construcción está destinado íntegramente al alquiler. Un vecino denuncia que tuvieron que «pasar entrevistas muy duras para conseguir uno de estos pisos» con la inmobiliaria. Sin embargo, pocos meses después de entrar a las viviendas, esta Navidad, se encontraron con que «28 de los pisos del bloque número uno del edificio» habían sido okupados por familias peruanas.

Los vecinos denuncian que sufren «acoso» por parte de las personas okupadas en este edificio. Cuentan que «nunca van solos, siempre en grupo y con niños» y cuentan que tienen «un portavoz como interlocutor» con los vecinos.

A pesar de toda la situación, la mayor parte de estas familias que viven de forma legal en esta urbanización no se plantea irse porque han «hecho comunidad y familia entre los vecinos», pero no confían en que este proceso se solucione rápidamente.

Dos porteros: el del edificio y el de los okupas

Según cuenta a El Debate este vecino, los okupas comenzaron a hacer sus mudanzas con furgonetas por la noche: «Unos abrían la puerta a otros y así se fueron instalando en los pisos».

Además, asegura que estas personas son «conscientes de que no es legal lo que están haciendo» porque a ellos les entregaron «una llave del piso a cambio de 2.000 euros, pero no tienen llave del portal».

Un pequeño detalle que marca la diferencia entre los que son vecinos legales y lo que no: «Pedimos a la inmobiliaria, que son los propietarios de los pisos, que la gente de seguridad no dejase pasar a nadie dentro de la urbanización, para que solo entrase la gente que tiene llaves de la puerta de entrada», cuenta este vecino. Además, como comprobaron que entraban llamando al telefonillo lo que hicieron fue «descolgarlo y entregarlo a los porteros, para que no pudiesen abrirle a nadie desde dentro».

Ante esta estrategia de los vecinos, las familias de los pisos okupados ilegalmente tomaron otra decisión para «no tener que bajar todo el rato a la calle a abrir la puerta». Lo que se les ocurrió a los okupas fue poner a un «portero» dentro de la urbanización que fuese abriendo la puerta a toda la gente que pertenece a estos pisos y no podía volver a entrar.

Los okupas se quejan del trato de los vecinos

En la puerta de esta urbanización El Debate ha podido hablar con algunas de las personas que viven de forma ilegal en estas viviendas. Una de ellas de diecinueve años relata que cuando fue la empresa contratada por la inmobiliaria de desokupación para echarles de los pisos «golpearon en la tripa» a su madre y «echaron gas pimienta» a su hermana pequeña, relata la joven.

Otras de las vecinas que se concentran en la entrada de esta urbanización cuentan que «son víctimas de una estafa» y aseguran: «No somos okupas». Lamentan los incidentes con los vecinos y desmienten las acusaciones de que son violentos o de que han provocado peleas o reyertas en el edificio en el que se encuentran estos pisos.

Sin embargo, sí que hay varias imágenes grabadas dentro de este bloque que muestran escupitajos en el ascensor, ollas con comida enchufadas a la luz de las zonas comunes, agresividad con la empresa de desocupación.

Otra vecina relata que pagó «1.800 euros a un señor que le entregó las llaves del piso y un contrato» que, asegura, tiene en su casa. Además, asegura que se enteraron después de estar viviendo en estos pisos que «somos víctimas de una estafa». Por eso, lo que piden es que «no nos traten como a vecinos inferiores» y esperan «una solución».

100 euros menos al mes como compensación

Para tratar de compensar todos los perjuicios ocasionados al los vecinos, desde Vivenio, les han ofrecido una rebaja del 10% del alquiler. Además, estos pisos según nos cuenta un vecino «tenían una obligación de quedarse seis meses sin penalización económica», una penalización que también han suprimido por parte de la inmobiliaria.

Sin embargo, los vecinos lamentan que la promotora «no ha respondido en las últimas semanas cuando les llamábamos para advertirles de que había peleas y de la situación con los okupas». Por eso, consideran que estas bonificaciones solo tienen un único propósito: «Que nos callemos».