Investigan las irregularidades del tribunal que analiza las oposiciones a Policía de Madrid

Las oposiciones para los cargos de comisario e inspector en la Policía Municipal de Madrid están siendo investigadas por presuntas irregularidades tras la denuncia de los sindicatos AMPU y UPM. La investigación judicial apunta a que el tribunal encargado del proceso modificó normas establecidas y no cumplió con ciertos criterios técnicos que eran de obligado cumplimiento. Tal y como adelanta el diario El Mundo, la Audiencia Provincial ha reabierto el caso tras su archivo en dos ocasiones, y entre los investigados figuran el Director General de la Policía Municipal de Madrid y otros 15 mandos y opositores.

En las pruebas de selección de 2021, actualmente bajo proceso judicial, se alteró el orden habitual de los exámenes, situando las pruebas físicas al final, algo sin precedentes y que, según fuentes sindicales, podría haber favorecido a determinados candidatos.

También se está analizando si el tribunal encargado de las oposiciones debió haber reservado un 50 % de las plazas para promoción interna, tal como establecen la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid y el Decreto 210/2021, que regula la organización de estos cuerpos de seguridad.

Además, existe la posibilidad de que se haya vulnerado la normativa que exige que los tribunales de selección sean mayoritariamente técnicos y cuenten con vocales con la titulación adecuada para evaluar a los aspirantes. En este caso, solo un policía formaba parte del Tribunal de Comisarios y lo hacía como suplente.

Entre los responsables del tribunal se encontraba Segundo Sánchez Moreno, ingeniero en Telecomunicaciones y actual Director Digital del Ayuntamiento, quien ocupó la presidencia a pesar de no contar con experiencia en el ámbito policial.

También participó Encarnación Rentero López como secretaria titular, una funcionaria cuyo ascenso en la administración ha estado vinculado a procesos selectivos en los que ha intervenido el Director General de la Policía Municipal.

María Cruz Sánchez Rodríguez, subdirectora de Recursos Humanos, fue otra de las integrantes del tribunal, a pesar de que su cargo implica conocer la normativa que exige que estos órganos estén compuestos mayoritariamente por personal técnico policial.

También formaron parte del tribunal Carlos Guillermo Barra Elgueta, médico del Samur y excompañero del Director General de la Policía, y Carlos Rodríguez Blanco, jefe de Unidad de Capacitación y Calidad Asistencial en el Samur. Según los sindicatos, la composición de este tribunal fue determinada expresamente por el Director General de la Policía.

En cuanto a la oposición para inspectores, el tribunal estuvo presidido por el comisario José Luis Morcillo y tuvo como suplente a Fernando Martín, el segundo al mando de la Policía Municipal. Encarnación Rentero López también estuvo presente como secretaria suplente.

Entre los vocales figuraba José Rodríguez Vacas, intendente de la Policía Municipal, quien posteriormente dimitió tras abrirse un expediente disciplinario en su contra por asistir a un local de intercambio de parejas junto a un aspirante a inspector.

También integraban el tribunal Antonio Zapata Olea, excomisario jefe de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y actual director del IFISE, y José Luis Escápez Moya, exnúmero dos de la Policía Local de Las Rozas.

Según los sindicatos, ambos fueron designados en representación de la Comunidad de Madrid a pesar de que no existía un documento que acreditara dicha designación, lo que podría incumplir la Ley de Coordinación de Policías Locales.

El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que no hará declaraciones mientras el caso siga judicializado. Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha expresado su respeto por el proceso judicial y ha instado a esperar a la resolución del caso sin emitir juicios anticipados.

El próximo mes de abril, el juzgado de Madrid ha citado a declarar a los 16 investigados, entre los que se encuentran José Luis Morcillo, Miguel Carmona Gavela, Oskar de Santos, Pablo Enrique Rodríguez, José Rodríguez Vacas, Ana María Padilla y Miguel Carmona Ordoño.

Las sospechas sobre el proceso selectivo apuntan a posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, ya que varios de los opositores aprobados tendrían vínculos con miembros del tribunal y con la academia de formación policial Cronos, dirigida por la esposa del intendente Miguel Carmona, también investigado en la causa.