Campaña contra la vida
Los provida, contra la presión abortista de Montero: «No sorprende su deriva fanática»
La ministra de Igualdad ha propuesto eliminar el periodo de reflexión para la mujer, la patria potestad ante embarazos adolescentes y obligar a que haya médicos abortistas en todos los hospitales públicos
Este miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado una nueva reforma a la ley del aborto: pretende eliminar el periodo obligatorio de tres días de reflexión para la mujer y obligar a que los hospitales públicos cuenten con profesionales que puedan practicar un abortos en todas las plantas de ginecología.
Este anuncio llega en medio de la campaña del Gobierno contra las personas y profesionales provida, para quienes se ha reformado el Código Penal y se ha introducido la pena de cárcel por acudir a los alrededores de un abortorio a rezar o a ofrecer información a las mujeres que acuden a poner fin a su embarazo. Y también, un día después de que Colombia despenalizara el aborto hasta los seis meses de embarazo, algo que Montero ha aplaudido a través de su cuenta de Twitter.
La obsesión porque las mujeres aborten
Ante esto, las asociaciones provida no han quedado indiferentes. Coinciden en que esta decisión es parte de la ofensiva en contra de la vida que está teniendo lugar en España, dentro de la que se incluye también la ley de la eutanasia. «Lo que quieren es facilitar el acabar con la vida de los niños que no han nacido todavía. Ante un acto que tiene tantas repercusiones para toda la vida, parece un sinsentido privar a la mujer de la capacidad de reflexionar sobre su propia decisión», afirma Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios sobre la Familia.
Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, por su parte, opina que «parece una obsesión compulsiva por que las mujeres aborten y por combatir todo lo que pueda hacerles siquiera plantearse no hacerlo». Como representante de Provida, explica que no solo hay un deprecio hacia el hijo que va a morir, sino que se está favoreciendo que «la mujer tome una decisión irreversible en un momento de gran confusión y a menudo angustiada por su situación», coincide con Fernández de la Cigoña.
El disfraz del progreso y los derechos
Sin embargo, esta reforma a la ley del aborto de Montero no les ha sorprendido. Javier Rodríguez, director del Foro Español de la Familia, cuenta que se lo esperaban «dada la deriva ideológica y fanática del Ministerio de seguir disfrazando de progreso y de derecho actitudes tremendamente inhumanas, machistas y que dejan desprotegida a la mujer, la no nacida y la embarazada, y al hombre». Algo en lo que coincide con la directora del Instituto de la Familia del CEU al lamentar que esa orientación de la cartera de Montero tome un sentido tan sesgado: «Es un mal para las mujeres, para la sociedad y para las instituciones».
Una decisión que no solo pone en riesgo la vida de la propia madre sino también, y más directamente, del niño que lleva dentro cuenta ahora mismo con un periodo obligatorio para reflexionar de tres días. La reforma anunciada a la ley lo eliminaría por completo, algo que el referencer Joan Folch, también director general de la Fundación +Vida, compara con el reparto de comida a domicilio: «Hace que sea más rápido abortar un bebé que pedir una pizza. Esto es un drama».
En los alrededores de los abortorios trabaja Marta Velarde, de la Escuela de Rescatadores Juan Pablo II y la Asociación Más Futuro, explica que a nivel práctico nunca se ha respetado el periodo de reflexión: «Se han saltado siempre la ley de esos tres días desde que recibes la información en un sobre. Información que está muy sesgada, porque ninguno de los teléfonos que incluye funciona, ni el veinticuatro horas. Es un paripé».
La medicina es una profesión vocacional y sus fines están basados en salvar vidas, no quitarlas
El consentimiento y la objeción
Montero ha abierto la puerta también a que niñas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres. Sobre ello, Álvaro Ortega, presidente de +Vida, defiende que «eliminar la patria potestad ante un embarazo imprevisto supone el mayor desamparo social jamás visto para la mujer. Una adolescente necesita el apoyo de sus padres ante una situación de vulnerabilidad».
Ortega también incide en que el Gobierno debería plantearse por qué en la mayoría de los hospitales públicos los ginecólogos son objetores de conciencia al aborto. «La medicina es una profesión vocacional y sus fines están basados en salvar vidas, no quitarlas. El ginecólogo siempre tiene dos pacientes: el niño y su madre».
La objeción de conciencia del médico no es la única que se ve vulnerada, sino también la de las propias instituciones o jefes de ginecología que no quieran contratar a profesionales que realicen abortos. En palabras de Latorre: «El aborto no es un acto médico y por tanto quien ha estudiado para curar, aliviar y paliar las enfermedades no puede prestarse a realizar este acto inicuo que violenta su ciencia y su conciencia».
