Las asociaciones provida, en contra de blindar el aborto en la Constitución: «Podemos llamarlo el Gobierno de la muerte»

Hace apenas dos años y medio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbó el blindaje constitucional al aborto. Desde entonces, cada Estado ha tenido el poder de legislar y la protección a la vida del no nacido se ha ido debatiendo a nivel federal. Solo en 10 estados de los de los 50 totales del país no existe ninguna restricción a las prácticas abortivas. Entre ellos, están Nueva Jersey, Colorado o Michigan, pero en el resto o está prohibido en cualquier momento del embarazo o hay un límite de tiempo en la semana 6 de la gestación.

A este lado del charco, la legislación sobre el aborto ha evolucionado a pasos agigantados desde su despenalización parcial en 1985. La ley de 2010 amplió hasta la semana 14 el plazo en el que una mujer puede terminar su embarazo y las condiciones para ello. En 2022, se reformó esta norma y se permitió que menores de 16 y 17 años acudir a un abortorio sin un permiso escrito de sus padres, se eliminó el periodo de reflexión de tres días y comenzaron las listas negras de médicos que se niegan a matar a un niño no nacido.

Dos años y medio después de que Estados Unidos eliminara el aborto como derecho en su Constitución, el Partido Socialista plantea blindarlo en la Carta Magna española. A ello se ha comprometido de cara al 41º Congreso Federal que del 29 de noviembre al 1 de diciembre va a acoger la ciudad de Sevilla. Esta iniciativa podría interpretarse como el reconocimiento de que la vida del nonato es menos valiosa que la autonomía de una mujer. Corre el riesgo, por otro lado, que se desincentive la búsqueda de otras alternativas y el surgimiento de programas de apoyo a mujeres embarazadas en situaciones complicadas.

«Nada les es suficiente»

Quienes se dedican a ello, observan con lamento a esta propuesta. «Nada les es suficiente», asevera Marta Velarde, presidenta de los Rescatadores Juan Pablo II y la asociación Más Futuro, dos proyectos a través de los que ofrecen ayuda a las mujeres que acuden a los centros de abortos, primero, y luego se materializa en comida, asesoría legal, distintos talleres de cuidados, profesionales, clases particulares o pañales y un carrito de bebé. Con «nada», Velarde se refiere a la eliminación del periodo de reflexión, de las penas de cárcel para las personas que hablan con las embarazadas o rezan en las puertas de los abortorios. «Introducir el derecho a elegir que tú hijo no viva corrompe la Constitución, que debiera proteger a todos los españoles», expone.

Proyectos como este reflejan, en opinión de Nayeli Rodríguez, coordinadora nacional de 40 Días por la Vida, que «durante toda la legislatura se ha priorizado la muerte». «Se ha olvidado lo que es la dignidad de la persona y el verdadero sentido de los derechos humanos», comenta la coordinadora de las campañas de oración ante los centros de abortos, que opina que el ejecutivo puede ser llamado «el Gobierno de la muerte».

Las medidas reales que necesitan las mujeres

Otro de los puntos comentados por Rodríguez son las consecuencias que podría tener un blindaje constitucional del aborto. «Sería catastrófico», zanja, y recuerda también lo que ha ocurrido después de los últimos cambios en la ley que permite terminar con la vida de un niño en la barriga de su madre. «Por primera vez en diez años, la reforma del Código Penal y de la norma, ha hecho que suban los abortos y se ha superado la barrera de los 100.000 abortos en 2023», explica.

En opinión tanto de Velarde como de Rodríguez, promover el acceso al aborto ha provocado que se dejen de lado «las medidas reales que necesitan las mujeres». «Un partido político que prevalece y protege al personal que realiza o colabora en hacer abortos no es ayudar a la mujer», comenta la presidenta de los Rescatadores, mientras la coordinadora de 40 Días por la Vida, añade: «Las legislaciones que se han hecho no están pensando en las personas, están pensadas en abstracto. No contemplan el drama que supone un aborto».