La fragata rusa Shtandart representa a la hundida Mercedes
Patente de corso: la Justicia española cierra el caso de los piratas de Odyssey
La Audiencia de Cádiz ha archivado el proceso judicial contra los cazatesoros que expoliaron la fragata «Mercedes»
En el año 2007, siendo titular del Ministerio de Cultura Carmen Calvo, la empresa Odyssey Marine Exploration, dedicada al saqueo de tesoros hundidos en el mar, expolió el contenido de la fragata española Mercedes, usurpando 600.000 monedas de oro y plata y objetos de los casi 300 tripulantes hundidos por la Armada inglesa en el otoño de 1804, frente al Algarve lusitano. La empresa pirata Odyssey llevaba trabajando en aguas del estrecho de Gibraltar desde 1998 con apoyo de la colonia inglesa.
Greg Stemm (izquierda) examinando las monedas del galeón Nuestra Señora de las Mercedes
Se abrió un proceso legal en Tampa, Florida, EE.UU. Allí se reconoció que un buque de guerra hundido seguía siendo soberano y, por tanto, nuestros Tribunales mantienen su jurisdicción. Los jueces de la Unión reconocieron la propiedad española del tesoro en 2012 y devolvieron a España casi 17 toneladas que hoy lucen en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Al año siguiente, los tribunales hicieron una comisión rogatoria a Washington pidiendo poder tomar declaración a Greg Stemm y su equipo, investigados por los destrozos causados en la fragata hundida y en el lecho marino para obtener el oro y la plata, su único objetivo.
Existían informes sobre la actividad pirata de Odyssey en el estrecho de Gibraltar
La acusación popular la llevaba la empresa Nerea Arqueología Subacuática, con el arqueólogo Javier Noriega entre otros, representados por el abogado José María Lancho. No hubo respuesta ni las autoridades norteamericanas pusieron a disposición de la justicia española a sus compatriotas, que podrían haber sido condenados a cinco años de prisión por sus desmanes. El caso lo llevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción (Cádiz). Finalmente, el auto 561/21 de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, de 7 de julio de 2021, 14 años después, declara que la causa ha prescrito.
La Audiencia manifiesta su «desconcierto y hasta enfado» por «una insólita tramitación», dado que los tribunales de Estados Unidos no respondieron jamás a la comisión rogatoria. Una más en sus extrañas andanzas, como cuando descubrieron a un procurador, representante de los investigados en Odyssey, en marzo de 2012, fotocopiando el sumario en el juzgado gaditano. El abogado Lancho, de la acusación popular, elevó quejas ante la desidia del Estado en el caso, recordando que existían informes sobre la actividad pirata de Odyssey en el estrecho de Gibraltar, tanto de la Armada española como de la Guardia Civil.
«En España no interesa la defensa del patrimonio»
Posteriormente, se realizaron con dinero público tres inmersiones en la zona, rescatando armas, vajillas y cuberterías y otros objetos, en algunos casos a 1.130 metros, un récord europeo en arqueología subacuática. Aunque Javier Noriega, el arqueólogo de la empresa Nerea que llevó la acusación popular, se queja de que España no ha investigado nada: «Ni un galeón ha sido excavado, ni un buque de Trafalgar o de Lepanto. Nada».
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, que sucedió a Carmen Calvo, declaró: «Es una vergüenza que haya pasado esto, es algo que demuestra que en España no interesa la cultura ni la defensa del patrimonio y explica muy bien lo que nos pasa con el independentismo: un país no se hace si no se cuida la historia y se atiende en tiempo y forma a los deberes de reclamar un robo o castigar las prácticas destructivas de Odyssey». Él fue quien apoyó la pugna judicial en Estados Unidos contra Odyssey: «Falta política de Estado, por incompetencia y desinterés. Si en el país al que han robado no se les castiga... España ha perdido su dignidad, han dado un salvoconducto a los piratas».
