Cuando el año 1931 fue 1868 a ojos de republicanos y carlistas

La cultura política republicana, a través de su prensa y durante los últimos cincuenta años, había mitificado el Sexenio Revolucionario (1868-1874) y elevado a los altares del laicismo la Primera República, pese a su fracaso absoluto como régimen de integración. De tal manera, que el segundo experimento tuvo como referente esa época y así la amenaza que advirtieron sus defensores, sus primeros miedos, no fueron contra unos fascistas inexistentes sino contra los monárquicos. Recordaron cómo la propuesta política conciliadora de Cánovas del Castillo y el éxito de presentar al futuro Alfonso XII como garante de las libertades constitucionales había logrado triunfar. En consecuencia, los republicanos hicieron todo lo posible por destruir las primeras respuestas de reorganización monárquica en todas las provincias, siendo un ejemplo los famosos sucesos de mayo de 1931, cuando el Círculo Monárquico Independiente fue asaltado en Madrid, así como la empresa del periódico ABC. Las amenazas tuvieron éxito y los fieles al Rey optaron por la abstención electoral o su integración en otras formaciones como Acción Nacional. La aprobación de la famosa (y discriminatoria) Ley de Defensa de la República –que era ante todo una Ley de Defensa de las Izquierdas Republicanas– fue otro paso.

Además, el viejo republicanismo no olvidó que, durante el Sexenio, había estallado la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), por lo que también se cuidó de vigilar el lento pero decidido resurgimiento del carlismo durante los años treinta. Si bien, como consecuencia de la oleada ideológica antidemocrática instalada en Europa, el joven español podía ser antiliberal y moderno, el carlismo testimonió su identidad decimonónica para presentarse como el constante –por ello el único y auténtico– enemigo de la revolución. Su prensa, al establecer paralelismos entre 1931 y 1868, tuvo la innegable finalidad de perpetuar un momento de esplendor del carlismo, previo a su alzamiento de 1872, animando a sus lectores a evocar a sus antepasados y preparar otra sublevación contra la degeneración republicana que, en aquellos momentos, finalizaría con el establecimiento de un régimen comunista. En 1873, el régimen democrático había degenerado con la proclamación de la anárquica Primera República, como publicó El Cruzado Español el 24 de abril: «La Historia se repite. La República en Cataluña y en Vasconia ¡Todo un símbolo!».

Y, al igual que en 1868, la prensa carlista asumió el papel de conseguir mayores apoyos, ganando para la causa a numerosos católicos, a través de la constante denuncia y crítica de la política religiosa de la Segunda República. En este sentido, la quema de conventos e iglesias en mayo de 1931, la falta de tacto y los propios errores de las autoridades republicanas a la hora de resolver las cuestiones relacionadas con la religión facilitaron su misión. Los periódicos carlistas volvieron a unir la defensa de la Iglesia con la afirmación de la unidad y esencia de España, subrayando su utilidad como muro de contención frente a la ola bolchevique que amenazaba Europa y la necesidad de apuntalarla nuevamente frente a la política anticlerical de las autoridades y fuerzas políticas republicanas. Como la tutela más auténtica, verdadera y adecuaba la realizaban los carlistas –autoproclamados en su prensa como Guardia Civil de la Iglesia–, no se cesó de realizar constantes llamadas a los católicos, durante los siguientes meses, para unirse a las filas de don Jaime y, su sucesor, don Alfonso Carlos I de Borbón.

Si en 1868, la proclamación de la libertad de cultos y de enseñanza fue denunciada por los carlistas como una disposición atentatoria de base contra la religión y la esencia católica de los españoles, en 1931 volvieron a afirmarlo, denunciando las primeras normas secularizadoras del Gobierno Provisional como la disolución de las Órdenes Militares, el fin de las exenciones tributarias de la Iglesia, la privación de sus derechos a la Confederación Nacional Católico-Agraria, la voluntariedad de los actos católicos en el Ejército, la inasistencia de autoridades en manifestaciones religiosas públicas, la separación Iglesia-Estado, la secularización de cementerios y la reintegración del clero a su plenitud civil. Eran ejemplos de peligro para los tradicionalistas, puesto que ni los padres de la Constitución de 1869 se habían atrevido a esos extremos, que trataban de emular la descristianización defendida por los jacobinos durante la Revolución Francesa. De ahí que ciertos carlistas anunciaran –a medio plazo– el estallido de una persecución religiosa, medida que llevaría a la revolución social, al ser el catolicismo la única providencia que podía garantizar, al mismo tiempo, la felicidad y el orden, ante el socialismo y el colectivismo.

Si en 1868, la prensa carlista afirmó que en España no había una mayoría republicana sino monárquica, en 1931 resultó necesario explicar a los lectores la victoria anticlerical y republicana en las elecciones municipales. Así, se trató de justificar el vuelco por la falta de sinceridad y práctica religiosa de las clases propietarias, ya que –al no ejercer la caridad y la justicia evangélica con sus empleados, criados y trabajadores– habían favorecido la expansión del republicanismo, la clerofobia y el comunismo.

Si en 1868, la prensa carlista afirmó que en España no había una mayoría republicana sino monárquica, en 1931 resultó necesario explicar a los lectores la victoria anticlerical y republicana en las elecciones municipales

Frente a ellos, los republicanos heredaron del siglo XIX y mantuvieron durante décadas la negativa visión del catolicismo, considerado un obstáculo para llegar a la meta de la Modernidad. La Iglesia era la gran tirana que oprimía a los españoles desde hacía siglos, les impedía ser libres, manteniéndoles en la ignorancia, la pobreza y el atraso. Nada valían sus instituciones educativas, sanitarias y asistenciales; nada su labor con los marginados. Había que expulsar a los católicos y al clero de la vida pública, reforzando la autoridad del Estado y la administración, imponiendo la escuela laica. Consideraron que los católicos habían impedido el asentamiento de la Constitución de 1868 y de la Primera República, apoyando el carlismo en armas o la restauración monárquica de Alfonso XII. Fueron, y continuaban siendo, los principales enemigos de la modernización republicana. Por ello, no había que repetir los errores del siglo XIX, sino imponer una política anticlerical y laicista de forma más rápida y radical que, incluso, su admirada Tercera República Francesa. Así, tras los sucesos de mayo de 1931 , republicanos y socialistas quisieron acabar con la función ética de la Iglesia, por lo que acudieron al sofisma de hacerla responsable moral de cuantas quemas y asaltos le acaecían, por haber traicionado el mensaje evangélico.

Cabe recordar que –frente a esa oleada de violencia– al tener noticias de los incendios de los edificios religiosos, Pío XI deploró las profanaciones y los actos de fanatismo antirreligioso y solicitó al nuncio Tedeschini que preguntara al Gobierno las medidas que pensaba poner en marcha para impedir que tales excesos se repitieran y para reparar los daños provocados. El nuncio presentó el 15 de mayo al presidente de la República, en funciones de ministro de Estado, una nota deplorando los hechos y solicitando medidas para evitar que se repitieran y para el resarcimiento de los daños inferidos a personas y bienes religiosos. A esta protesta el Gobierno nunca otorgó respuesta satisfactoria y la Santa Sede prefirió, de momento, no insistir en el mismo, aunque estaba convencida de la gravedad que encerraba esta expresión violenta y callejera de hostilidad a la Iglesia.