Del bandolerismo a la Guerra Civil: la ley de fugas o el método de ejecución extrajudicial

Una de las primeras autoridades que aplicó la ley de fugas fue el gobernador civil de Córdoba, Julián Zugasti Saénz, en 1870. El motivo era acabar con el bandolerismo existente en aquellas tierras. Aparte de la ley de fugas, Zugasti organizó una partida especial de Seguridad Pública, anuló la licencia de armas, prohibió el uso de puñales, navajas y facas, fotografió a los criminales y sospechosos, y creó somatenes.

¿En qué consistía la ley de fugas? Podemos decir que fue una medida de represión, de las fuerzas de orden público. Esta práctica consistía en disparar por la espalda a un detenido que en el momento de ser trasladado se intentara fugar. La mayoría de las veces la fuga no existía, pero sí el disparo. Con el tiempo la ley de fugas llegó a ser un método de ejecución extrajudicial. También se convirtió en la justificación para acabar con los líderes anarcosindicalistas.

También se convirtió en la justificación para acabar con los líderes anarcosindicalistas

La ley de fugas se aprobó el 20 de enero de 1921, siendo Eduardo Dato presidente del Consejo de Ministros. Se puede afirmar que esta ley fue aplicada con contundencia, entre 1921 a 1922, por el gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido. Los problemas con el sindicalismo se iniciaron en 1919, aunque los atentados y el pistolerismo se habían implantado en Barcelona con la llegada de Alejandro Lerroux, en 1901.

En aquel 1919 la empresa «La Canadiense» despidió a ocho trabajadores por pedir la igualdad en los salarios. Los trabajadores de aquella fábrica se solidarizaron con sus compañeros y organizaron una huelga general. La huelga de «La Canadiense», los problemas con el pistolerismo desde 1917, otros movimientos sociales y diferentes protestas obreras, fueron el detonante para que Martínez anido aplicara la ley de fugas. ¿Qué ocurrió durante aquellos años en Barcelona?

809 atentados sociales

Barcelona, durante este periodo, sufrió la máxima malignidad en atentados sociales. De 1917 a 1920 se contabilizaron 809 atentados sociales. En 1921 hubo 249. No sólo Barcelona sufrió el rigor de los sindicalistas, ciudades industriales como Terrassa, Sabadell, Reus, Mataró y Badalona, sufrieron la plaga sindicalista. Digamos que Barcelona durante 19121 sufrió una verdadera guerra civil. Murieron 18 personas, entre patronos, encargados y agentes de la autoridad; siendo heridas 38 personas. Entre los obreros la cifra se dispara a 82 muertos y 101 heridos. Asimismo hay que apuntar que fueron heridos 18 miembros del Sindicato Libre y 13 fueron muertos. De los 49 muertos y 21 heridos del Sindicato Rojo, la gran mayoría fueron muertos o heridos en colisiones con las fuerzas de la autoridad o en manos de sindicatos contrarios.

En 1921 apareció en Barcelona el atraco de los sindicalistas. El motivo era la escasez de dinero de esos sindicatos y la clausura de los Sindicatos Únicos. Por lo cual no se dudó en atracar a personas o comercios para recaudar fondos. El 23 de abril de 1922 fue baleado Juan Vidal y Ribas, hermano de Emilio, uno de los jefes del Somatén de Barcelona. Se le baleó en venganza contra su hermano. El 25 de abril fue asesinado un taxista. Le fue robado el coche, el cual lo utilizaron como coche bomba. La explosión tenía que producirse en el Paseo de Gracia de Barcelona, durante una concentración del Somatén. El coche no llegó a estallar. En mayo de 1922 explotó el taller donde se preparaban las bombas, situado en la calle Toledo, en el barrio de Sants de Barcelona. Causó cinco muertos y tres heridos.

Durante el año 1922 la criminalidad social desciende sensiblemente. En total hubo 68 atentados sociales. Las víctimas barcelonesas del año 1922 son: un patrón; dos agentes de la autoridad; ocho obreros; seis miembros del Sindicato Libre; y cinco de otros sindicatos. Resultaron heridas 46 personas. Uno de los hechos más destacados fue el llamado atraco del Pueblo Nuevo. Varios obreros armados hicieron parar el tren donde iba el pagador de la compañía de Ferrocarriles Catalanes.

Los atracadores se apoderaron de 250.000 pesetas y asesinaron a un obrero que opuso resistencia. Por lo que se refiere a los atracadores, un soldado disparó contra José Quero, antiguo miembro del Sindicato Único, muriendo como consecuencia de las heridas. El 19 de septiembre se intentó perpetrar un nuevo atraco. En esta ocasión contra la Caja de Ahorros situada en la calle Ciudad de Barcelona. El atraco quedó frustrado. El 24 de octubre se atentó contra Arsenio Martínez Anido, resultando este ileso pero, muriendo un agente de la policía y dos pistoleros.

El pistolerismo y la ley de fugas acabaron con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. De 1921 a 1922 las fuerzas del orden público represalió a cerca de 1.000 personas. De las cuales 267 fallecieron y 583 resultaron heridas. Estos datos son los que aportó Martínez Anido. Posiblemente fueran más las personas represaliadas. Hasta el momento presente no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de lo que ocurrió durante aquellos años. Alfonso Bueso, fundador de la CNT, sobre la ley de fugas escribió…

«Los guardias llevan conducidos a varios presos, a pie y de noche, de la cárcel al palacio de Justicia, o viceversa; cuando no hay posibles testigos, los guardias, que previamente han dejado adelantar a los presos, absortos en sus pensamientos, disparan a distancia sobre los conducidos, les matan y luego dan parte a sus superiores, alegando que las víctimas intentaban fugarse».

Aparte de la ley de fugas, también se puso en práctica lo que se conoció como deportaciones por carretera. Se ataba por parejas a cuarenta o cincuenta hombres. Los sacaban de la cárcel, de madrugada, y los ponían en una carretera, escoltados por varias parejas de la guardia civil a caballo. La noche las pasaban en las cárceles que encontraban por el camino, después de haber caminado durante todo el día. Al cabo de unos 15 o 20 días los dejaban abandonados en poblados muy pobres, despoblados y casi abandonados de las provincias de Teruel, Cuenca o Guadalajara. Allí estaban sin dinero, sin comida, sin trabajo, sin nada y con la obligación de presentarse cada día en el cuartel de la guardia civil más próximo.