Despliegan una bandera de ETA en un mitin de Herri Batasuna en Baracaldo en 1982
De sus inicios a su disolución, tras 857 muertos: ¿pueden los terroristas de ETA estar en las instituciones?
En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, las asociaciones de víctimas del terrorismo llamaron la atención de la presencia de 44 candidatos en las listas de EH Bildu, que tuvieron condenas por su relación con ETA, siete de ellos con delitos de sangre por asesinatos
El reciente informe que el CEU-CEFAS ha realizado sobre el éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica, ha abierto la polémica sobre el desconocimiento que existe en las nuevas generaciones sobre lo que fue ETA, la ideología a la que sirve y sus objetivos contrarios a la democracia.
El balance de ETA ha sido de 857 asesinados y el secuestro de 77 personas, la mayor parte de ellas como vía de financiación, otras como presión contra el gobierno. Sobre los asesinados, 195 son guardias civiles, 96 militares, 147 policías nacionales, 41 policías autonómicos y municipales, y 361 civiles, 92 de ellos personal que trabajaba en instalaciones militares o policiales. El resto de los civiles, 146, en su mayor parte ciudadanos vascos o navarros vinculados con opciones políticas no nacionalistas, asesinados para evitar su arraigo y organización.
En cuanto a los miembros de ETA, ocho de ellos fueron asesinados por la propia banda, otros 38 miembros de ETA han muerto mientras manipulaban artefactos explosivos con los que pretendían atentar y 24 miembros más han acabado voluntariamente con su vida, por la presión sufrida por la organización, que los controla con métodos sectarios, sin posibilidad de salida. Finalmente, 87 sicarios de la banda han muerto en enfrentamientos con la policía o víctimas de atentados de grupos clandestinos del Estado.
En el momento actual, con una cuarta parte del electorado vasco, EH Bildu, se ha convertido junto a ERC en partidos de gran protagonismo político por la dependencia de la coalición PSOE-Unidas Podemos en el ejecutivo nacional. En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, las asociaciones de víctimas del terrorismo llamaron la atención de la presencia de 44 candidatos en las listas de EH Bildu, que tuvieron condenas por su relación con ETA, siete de ellos con delitos de sangre por asesinatos.
La presión política y social generada obligó a los siete antiguos sicarios de ETA que iban en las listas de EH Bildu a comprometerse a renunciar a ser concejales en el caso de ser elegidos. Los candidatos son, Jose Antonio Torre Altonaga, condenado por el asesinato en 1978 de los trabajadores de la central nuclear de Lemóniz Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda; Asier Uribarri Benito y Lander Maruri Basagoiti, condenados en 2001 por su participación como cómplices en el asesinato, en 1997, del guardia civil José Manuel García Fernández; Begoña Uzkudun Etxenagusia, condenada en 1989 por el asesinato de José Larrañaga Arenas, en 1984; Jose Ramón Rojo González, condenado en 1996 por el asesinato de Francisco Gil Mendoza, en 1991; Juan Carlos Arriaga Martínez, condenado en 1989 por el asesinato, en 1984, del comandante del Ejército Jesús Alcocer Jiménez y Agustín Muiños Díaz, condenado en 1985 por el asesinato, en 1983, de José Antonio Julián Bayano.
Entierro del guardia civil José Antonio Pardines Arcay, el 7 de junio de 1968, en Malpica (A Coruña)
Por el contrario, un 10 % de la población total del País Vasco por motivos de discriminación política, amenazas, asesinatos y expulsión del trabajo, no ha sido reconocida, ni integrada, favoreciendo de esa forma la eliminación de la pluralidad política vasca, y la reducción de las opciones de voto a las que reconocen en las diferentes variantes nacionalistas, a la comunidad vasca como un elemento nacional con derecho a un proceso de autodeterminación, a costa del resto de la sociedad vasca, impulsada a un exilio permanente y regular, por el contexto uniforme y discriminador creado por unas instituciones autonómicas ideologizadas.
El grupo terrorista ETA se fundó en 1952 y cuatro años después, empujados por la necesidad de reforzar su activismo a favor de la independencia vasca. ETA inició su trayectoria asesina el 7 de junio de 1968, cuando el dirigente de ETA, Txabi Etxebarrieta se encuentra con un control de la Guardia Civil de tráfico asesinando al número José Pardines. El radicalismo ideológico se amoldará a la violencia, tomando como modelo al FLN de Argelia. Durante el régimen de Franco, ETA asesinó a 46 personas, el inició de su mortífera carrera asesina, sólo superada por el IRA, será a partir del 15 de octubre de 1977 cuando se firmó la Ley de Amnistía General que puso en la calle a centenares de miembros de ETA.
Los liberados reconstituyeron una organización que estaba desmantelada y protagonizaron el periodo más sangriento del terrorismo con un muerto cada tres días en la región vasca. Será a partir de entonces, con la llegada de los militantes amnistiados, la ayuda económica proporcionada por las extorsiones y del extranjero, y la seguridad proporcionada por el presidente de Francia, cuando se desencadene su ofensiva contra la sociedad vasca. Entre 1978 y 1980 fueron 247 asesinados en el periodo de negociación sobre la constitución de 1978 y el proyecto de autonomía de 1980.
Los años siguientes van a ser de auténtico plomo con la eliminación masiva de miembros de las fuerzas armadas, orden público y guardia civil, pero también con la de aquellos ciudadanos simpatizantes de opciones derechistas que con su desaparición consolidaba la posición hegemónica del PNV en la zona rural vasca. A partir de 1985 se iniciarán los atentados con coche bomba cuya mortandad será mayor por cada atentado y cuyos efectos mucho más espectaculares, asegurándose las primeras planas de los medios de prensa. Los asesinatos masivos causaron las movilizaciones sociales en contra de la mafia terrorista.
La detención de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, aportó las pruebas sobre el Proyecto Udaletxe, que era como se denominaba la red empresarial diseñado por ETA para permitir la financiación de las asociaciones correspondientes a su entorno. En 1998 una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón asestó el primer golpe contra el mundo financiero de ETA. A partir de entonces, quedó demostrado que el mundo político, cultural y social de la izquierda abertzale no sólo era el colchón social de ETA, sino que formaba parte de ETA y se alimentaba de sus actividades delictivas, siendo su semejanza a la mafia siciliana.
El 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo ilegalizó las organizaciones políticas con vínculos con ETA. Tres años después, la detención sucesiva de sus cúpulas dirigentes favoreció que ETA declarase un alto el fuego permanente que entrará en vigor el 24 de marzo de 2006. Tres meses después, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comunicaba en el Congreso que iniciaba el diálogo con ETA. El 3 de mayo de 2018, ETA hacía oficial mediante un comunicado el fin de su trayectoria y el desmantelamiento de todas sus estructuras.
