¿Son patrimonio de la izquierda las políticas sociales?

Cada cierto tiempo la izquierda en España alardea de ser la única que se preocupa por los trabajadores de este país. El Gobierno de Pedro Sánchez lo ha vuelto a decir con motivo de los tres decretos que presentó bajo la denominación de «escudo social» para combatir la inflación y la crisis energética. Pero lo cierto es que un recorrido por nuestra historia contemporánea desmiente ciertamente este diagnóstico tan repetido por la actual propaganda gubernamental.

Conservadurismo político

En la historia reciente de España las principales medidas llamadas sociales, aquellas que van destinadas a proteger a los más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, fueron impulsadas desde el conservadurismo político hispano. Así, en torno al año 1900, daba comienzo la implantación de la previsión social en España, con la aprobación de la ley de accidentes de trabajo, y en marzo de ese año, otra ley reguló el trabajo de las mujeres y los niños en establecimientos industriales y mercantiles, siendo ambas refrendadas por el conservador Eduardo Dato Iradier.

Parecido talante que Dato tuvo Antonio Maura ante el problema obrero con su «revolución desde arriba», confirmando que los conservadores se preocupaban mucho más que los liberales por la llamada cuestión social. Y a consecuencia de la trayectoria política del segundo, el maurismo que lideró Ángel Ossorio y Gallardo a partir de 1913, si por algo se caracterizó fue por impulsar la legislación protectora de los obreros.

Más tarde, en julio de 1917 el Vizconde de Eza, a la sazón ministro de Fomento en el Gobierno conservador de Dato, convocó una Conferencia Nacional de Seguros Sociales para el mes de octubre de ese año en Madrid, del que al año siguiente saldría la inminente regulación del primer seguro obligatorio de retiro obrero en España, el célebre Real Decreto de 1919 que después ha sido considerado un antecedente de la actual jubilación laboral al incorporar el requisito de la actividad profesional previa al retiro.

La crisis económica que provocó la Gran Guerra y la propia institucional y política del régimen de la Restauración, propició que desde el conservadurismo político y social surgieran voces como la del Grupo de la democracia cristiana que influiría en la concreción de la política social mediada la década de los años veinte.

Antes, en mayo de 1920 de nuevo Eduardo Dato creaba el Ministerio del Trabajo y en diciembre de 1922 diversas tendencias conservadoras impulsaron el Partido Social Popular, formación surgida desde los distintos sectores católicos, los cuales estaban disconformes con el turnismo liberal conservador y que en su programa fundacional incorporaron el objetivo de tender hacia la participación del trabajador en los beneficios empresariales y el accionariado obrero.

En junio de 1924 se produciría la desaparición del Instituto de Reformas Sociales y la creación del Consejo de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Desde allí, un significativo grupo de eminentes católicos sociales pasaron a ocupar, si bien no de forma exclusiva, puestos decisivos en la administración pública que formularía la política laboral del régimen de Primo de Rivera nacido en septiembre del año anterior.

En el directorio civil, Eduardo Aunós fue nombrado ministro de Trabajo con el encargo de institucionalizar una organización corporativa de las relaciones laborales y de impulsar una nueva legislación social, con la cual el ministro dedicó singular atención a las necesidades básicas de las familias obreras.

En junio de 1926 Aunós aprobó la concesión de subsidios para las familias numerosas y los funcionarios públicos. Pese a la creciente conflictividad social y política, en España, el primorriverismo proyectó su intervención en el terreno de la previsión social con la aparición del seguro de maternidad, fomentó la edificación obrera y mejoró el régimen de clases pasivas.

Fue la CEDA la organización política que impulsó decididamente distintas iniciativas de carácter social

Durante la segunda república resulta poco conocido que en el mes de diciembre de 1933 los concejales derechistas en el Ayuntamiento de Palma y miembros de Acción Cristiana Gabriel Cortés, Fausto Morell y Baltasar Forteza promovieron un subsidio familiar para los empleados públicos del municipio, que se materializaría dos años después.

Y que en 1934 existió otra iniciativa similar en la Diputación Provincial de Valencia a cargo del tradicionalista Manuel Simó Marín, y otra más, esta vez en noviembre de 1935, por parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Lleida, formada entonces por elementos de Acción Popular y de la Lliga Catalana.

En febrero de 1935 la minoría nacionalista vasca presentó en las Cortes una proposición de ley para establecer salarios de familia, pero fue la CEDA la organización política que impulsó decididamente distintas iniciativas de carácter social. Así, el partido liderado por José María Gil-Robles, quien había sido anteriormente subdirector de El Debate, fomentó el patrimonio agrícola familiar inembargable, algunas mejoras salariales para el cuerpo de carabineros y del magisterio, y la reordenación de los servicios sanitarios.

Los dos ministros de Trabajo del partido, José Anguera de Sojo y Federico Salmón aumentaron la previsión social a capas sociales hasta entonces no incluidas en su cobertura, y aprobaron medidas para reducir el paro llamado involuntario y fomentar la inversión privada en la construcción de viviendas obreras. Manuel Giménez Fernández desde el Ministerio de Agricultura posibilitó el asentamiento de trabajadores agrícolas, que se prorrogara en el disfrute de las tierras a los yunteros y pequeños labradores de Extremadura, así como los arrendamientos rústicos.

Tras la Guerra Civil Francisco Franco aprobó enseguida toda una batería legislativa en ayuda de las familias numerosas, como el Fuero del Trabajo, en marzo de 1938, y una ley de julio de 1940 que reguló el descanso dominical. La protección social posterior tuvo como objetivos, entre otros, la retribución justa del trabajo, la magistratura como jurisdicción especial para los litigios laborales, la construcción de viviendas obreras, la organización de la empresa, el derecho al subsidio familiar, la seguridad social y la organización sindical…. aunque todo esto para los publicistas del actual Gobierno de España sea ya otra Historia.