Alonso de Salazar y Frías, el inquisidor que frenó la «locura» de la quema de brujas en España

En julio de 1610 llegó al tribunal de la Inquisición de Logroño Alonso de Salazar y Frías (1564 – 1636). Alonso era ya persona entrada en años, licenciado en derecho canónico y sacerdote. Apenas hacía un año que había ingresado en el Santo Oficio. Como les estaba contando a ustedes, Alonso llegó a Logroño como ayuda y refuerzo en la causa que investigaban los inquisidores Alonso Becerra Holguín y Juan del Valle Alvarado.

Se trataba de un gran proceso de brujería que ya afectaba a varias localidades navarras, especialmente a las de Zugarramurdi y Urdax. En junio del año siguiente el tribunal dictó veintinueve sentencias en relación con esta causa y en noviembre se celebró un Auto de Fe donde dieciocho brujos y brujas fueron reconciliados, seis fueron hechos torreznos y cinco más quemados en efigie.

Alonso de Salazar había intervenido en parte de las investigaciones previas y se había negado a declarar culpables a un par de acusados al considerar carentes de base las acusaciones que se hacían. Por regla general, y especialmente en las zonas de Francia y Alemania, cada vez que tenía lugar una causa importante en relación con la brujería se producía después una corriente histérica de acusaciones y experiencias autoinducidas. Esta vez no fue una excepción y el Consejo del Santo Oficio encargó a Alonso de Salazar que llevara a cabo las investigaciones pertinentes en el norte de Navarra.

Cambio radical en la visión de la brujería

Salazar viajó durante meses por valles y montañas. Buscando y recabando cuanta información y testimonio sobre las supuestas actividades de brujería pudiera reunir. Todo cuanto halló fue inconsistente, circunstancial en el mejor de los casos, y carente de prueba alguna que sustentara las acusaciones. Alonso escribió a sus superiores detallando la investigación realizada y afirmando que la mera declaración de testigos no podía ser tomado como prueba si no se apoyaba en hechos consistentes y comprobados, dada la naturaleza de la materia y la capacidad de autosugestión de los testigos; victimas de la ignorancia, la superstición y la histeria colectiva.

El informe final de Alonso de Salazar impresionó mucho a su superiores tanto que, al año siguiente, se promulgaron unas «Instrucciones» de obligado cumplimiento y que serían la base de la jurisprudencia futura sobre la brujería en España. Estas Instrucciones pondrán fin a los grandes procesos de brujería en los territorios de la Monarquía Hispana. Los casos que surjan serán paralizados por la propia Inquisición o se cerrarán con absoluciones o penas del tipo: una temporada de reclusión en un convento tranquilo y con deberes livianos. Más convalecencia en sanatorio que condena.

La labor de Salazar modificaría de manera radical la visión que sobre el fenómeno de la brujería se tenía entonces. En los Reinos y Capitanías Generales de Ultramar no se dio un solo caso de condena a muerte, desde el siglo XVI al XIX, excepto en Nueva España donde no llegaron a cinco. En la península las cifras son ridículas en comparación con el resto de Europa durante los siglos XVI al XIX: España 59 condenas; Italia, 36 y Portugal, cuatro.

Esta es la realidad y no las tonterías que suelen mostrarnos en el cine y en la televisión, donde abunda el inquisidor enloquecido que manda a todo el mundo a la hoguera por brujería. Tal vez estas personas deberían leer más los escritos de grandes investigadores sobre al materia, como Gustav Henningsen o Don Julio Caro Baroja, antes de escribir una línea donde flaco favor se hace a la historia de su país y a la calidad de quien escribe esas mismas líneas.