Los 'cesantes', una manera de corrupción del siglo XIX que podría volver a estar presente en el XXI

La figura del funcionario cesante es un arquetipo en la literatura decimonónica y de principios del siglo XX, porque fue un tipo social relevante en una sociedad llena de trabajadores precarios. Algunos escritores, como Larra, Mesonero Romanos o Pérez Galdós, los han descrito tan bien que podemos recuperar su situación.

Era la imagen del menesteroso que dejaban de ocupar puesto en la Administración y pasaba a expectativa de un nuevo destino, por veleidades de la fortuna o, como decía Mesonero, «de los que mandaban en la fortuna». En algunos casos y épocas conservaban parte del sueldo y una prioridad en las nuevas vacantes. En otras dependían exclusivamente de que el político de turno tuviera a bien colocarlo de nuevo.

El régimen de la Restauración era caciquil, clientelar, y los políticos poderosos usaban la administración no solo como un instrumento general de gestión de los diseños sociales, sino también como una medio de tener contentos a los votantes propios. Una manera de corrupción a costa del presupuesto, en ese debate eterno acerca de si lo bueno para los partidos es bueno para la sociedad y qué tiene prioridad. Pero, en un país donde el trabajo fijo era un lujo, con poca industria y comercio, salarios bajos y temporalidad en el empleo, el Estado era el empleador privilegiado. El Estado siempre podía estirar la nómina a capricho del gobernante que elegía al adulador antes que al meritorio. «Mil veces le he dicho a usted que el mismo Estado es el que nos enseña el derecho a la vida. Si el estado no muere nunca, el funcionario no debe perecer tampoco administrativamente», escribía Galdós en Miau (1888).

Una manera de corrupción a costa del presupuesto, en ese debate eterno acerca de si lo bueno para los partidos es bueno para la sociedad y qué tiene prioridad

Este sistema de despojos no podía estirarse eternamente. En algún momento la capacidad de colocación tenía que llegar a su límite lógico de matemática presupuestaria, pero también de decencia pública porque se estaba poniendo el Estado al servicio de los dos partidos más allá de lo que la paciencia general admitía. El funcionario sabía que su puesto dependía de su jefe político y tendía a corromperse con comisiones y sustracciones para asegurarse el pan en los peores tiempos. «Si el funcionario inteligente no se recompensa a sí propio, está perdido», seguía escribiendo Galdós en el mismo capítulo de la misma novela.

Sabido es que fue Maura en 1918, con un gobierno de concentración que favorecía las reformas, el que acabó con la cesantías. Previamente había aprobado la ley de responsabilidades de los funcionarios. El funcionario iba a ser estable, garantizaría la neutralidad de la Administración basada en el principio de legalidad para contrarrestar la arbitrariedad del mandante, pero sería responsable de sus actos cuando fueran contra el ordenamiento.

Se profesionalizó la Administración y se generalizó las oposiciones libres como modo de acceso. Con esto se dio un paso de gigante. No fue automático porque los reglamentos se retrasaron y los fuertes intereses ofrecieron resistencia. Pero marcó el cambio de tendencia. Maura fue un hombre con gran facilidad para hacerse enemigos.

Pero nada es inmutable. La posición de estabilidad de los funcionarios no siempre es favorable a los gobiernos. La independencia funcional se convierte en independencia de voto. Y la capacidad para asegurar el cumplimiento de la ley, en freno a la desviación de poder. Pero la estabilidad, los derechos conseguidos muchos de ellos a costa de no subir los salarios, la falta de incentivos a la productividad y la inercia conservadora de las instituciones señalan algunos de los defectos del sistema. Cuando los políticos piensan en soluciones, en su pensamiento está siempre la facilidad en el gobierno.

Algunas de las maneras actuales de trabajo público pueden ser una nueva fuente de cesantía a expensas de los cambios de mando y los ajustes en los presupuestos

Por eso, algunas de las maneras actuales de trabajo público pueden ser una nueva fuente de cesantía a expensas de los cambios de mando y los ajustes en los presupuestos. Hay ejemplos. El primero lo forma el llamado tercer sector, un grupo indeterminado de ONL que se ocupan de tareas delegadas por el Estado y que se nutren casi exclusivamente de subvenciones. La capacidad de empleo de estas organizaciones y el salario de sus contratados, dependen de la generosidad del gasto público.

En segundo lugar están las empresas de servicios, públicas o privadas, que están sustituyendo a los grupos más bajos de trabajadores de la Administración. Realizan las tareas que antes hacían funcionarios, pero con un salario menor y siendo sustituidos por otros en caso de ausencia por enfermedad u otro motivo. Uno de los asuntos en juego será determinar cómo se va a proceder a la contratación quienes estarán detrás de estas empresas y como se determina legalmente las funciones que se pueden externalizar y los controles que deben establecerse para garantizar la protección de datos y la seguridad de los sistemas informáticos públicos.

Sin ser exhaustivo, un tercer ejemplo es la posibilidad de colocar en los puestos altos de la Administración Pública, los niveles de libre designación, a trabajadores que no son funcionarios. Posibilidad que recogía genéricamente el Estatuto Básico del Empleado Público de 2005 y desarrollada en normas como la Orden TDF 379/2024 del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Trata de procurar la modernización de la Administración Pública con medidas como la creación del directivo público, es decir un elegido para los niveles altos de la escala administrativa reservada hasta ahora a funcionarios nombrados por libre designación, una persona sin oposición elegida libremente por el político. Teniendo en cuenta los salarios públicos y los de las empresas privadas es previsible que esos puestos no los cubran trabajadores relevantes, sino clientes del partido. Una persona de la máxima confianza del jefe pero, a diferencia del asesor, con funciones administrativas.

Dice el preámbulo que será una persona «que actúa de acuerdo con los criterios e instrucciones directas de la capa política». Los funcionarios ya cumplen las instrucciones de la llamada capa política, siempre que no vayan contra la ley. ¿Es simplemente un nuevo nido de trabajo para los profesionales de la política? Si cambia el gobierno, ¿cesarán o seguirán en sus puestos mientras el nuevo gobierno nombra los suyos multiplicando este tipo de funcionarios de puerta trasera? ¿Los favorecerán con oposiciones amañadas o con sistemas de consolidación de empleo? En el fondo, es una vuelta al sistema de despojos.