Dudas sobre la financiación de la remodelación de su residencia oficial vuelven a desplomar la reputación de Boris Johnson

El número 10 de Downing Street, residencia oficial y oficina de trabajo del primer ministro británico Boris Johnson, vuelve a estar en el eje de la controversia. La polémica se debe a la afirmación, errónea, de un ministro de que Johnson no podría ser investigado por la financiación de la redecoración del número 10.

El ministro del medioambiente George Eustice declaró que Kathryn Stone, notaria a cargo de asegurar el cumplimento de las normas del parlamento, no podría iniciar una investigación sobre como se financió una reciente remodelación de la residencia de Johnson.

Eustice alegó que la situación respondía «a un problema ministerial, no parlamentario».

Pero los críticos en seguida demostraron que Eustice se equivocaba al insinuar que el primer ministro tiene «privilegios especiales». Como miembro del parlamento, Johnson se somete al mismo régimen de medidas que sus colegas.

El gobierno Conservador de Reino Unido ya se enfrenta desde la semana pasada a la indignación del pueblo, con motivo de su intento de protección al diputado Owen Paterson, que fue despedido por lobbying. La aprobación pública de Johnson bate récords al estar en su punto más bajo; una encuesta de Opinium lo sitúa -20, por debajo de - 16 la semana pasada.

Downing Street se ha negado a comentar los trabajos de redecoración de la vivienda. En su momento, existieron planes para establecer un fideicomiso caritativo, presidido por Lord Brownlow, pero la idea no llegó a cuajar.

Brownlow donó 58,000 libras para cubrir parte de la remodelación, una cantidad originalmente destinada al gabinete gubernamental. Tras hacerse público el arregló, Johnson reembolsó la suma total. Lord Geidt, consejero independiente sobre normativa ministerial, concluyó en mayo que a pesar de que el primer ministro había actuado «imprudentemente», ninguna regla se llegó a romper.

Ahora, la Comisión Electoral está investigando si el donativo de Brownlow se declaró correctamente por los tories, y ya ha compartido sus primeras conclusiones con el partido esperando respuestas. Stone decidirá si lanzar su propia investigación una vez se publiquen las revelaciones.

Chris Bryant, presidente del comité de estándares del partido laborista en la cámara baja, dijo que «lo único que el Gobierno debería haber aprendido esta semana es que los gobiernos deberían resguardarse de los procesos disciplinarios independientes».

Karen Bradley, antigua ministra en el gabinete conservador y actual cabeza del comité de procesos de la cámara baja, dijo la semana pasado que el parlamento estaba siendo «degradado e ignorado por sus ministros», y que actuaba como si estuviera «en guerra» con sus propios miembros.