El presidente filipino, Rodrigo Duterte (Archivo)
Duterte logra detener la investigación por crímenes contra la humanidad en Filipinas
El Gobierno filipino presentó a la Fiscalía de la Corte Penal una solicitud de suspensión del proceso judicial asegurando que desarrolla investigaciones propias
El Tribunal Penal Internacional (TPI) suspendió su investigación sobre los supuestos abusos de derechos humanos cometidos en la 'guerra contra las drogas' del presidente filipino, Rodrigo Duterte, tras una solicitud de Manila.
El tribunal con sede en La Haya autorizó en septiembre investigar la campaña que ha dejado miles de muertos, señalando que parece un ataque ilegítimo y sistemático contra civiles.
Duterte fue electo en 2016 con la promesa de liberar a Filipinas de su problema de drogas y ordenó abiertamente a la policía matar a sospechosos de drogas si la vida de los oficiales corre peligro.
Al menos 6.181 personas han muerto en más de 200 mil operaciones antidrogas realizadas desde julio de 2016, según datos oficiales de Filipinas.
El Gobierno filipino admite más de 6.000 fallecidos en sus polémicas redadas, aunque las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coinciden en que la cifra podría real podría ser hasta cuatro o cinco veces más. Los fiscales del TPI señalaron en documentos de la corte que la cifra de muertos es de 12.000 a 30.000.
Investigaciones propias
Duterte retiró a Filipinas del TPI en 2019 cuando el tribunal abrió su investigación preliminar, pero la corte dice que tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos cuando el país aún era miembro.
Aunque inicialmente se negó a cooperar, Duterte dio marcha atrás en octubre y dijo que el país prepararía su defensa.
En un discurso pronunciado el 21 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente filipino criticó la injerencia exterior y advirtió de que cualquiera que «actuara más allá de los límites» durante la guerra contra las drogas sería «responsabilizado» por la justicia filipina.
Según documentos de la corte, el embajador filipino en Países Bajos, Eduardo Malaya pidió aplazar la investigación asegurando que desarrolla investigaciones propias a nivel nacional.
Suspensión temporal
«La fiscalía suspendió temporalmente sus actividades investigativas mientras evalúa el alcance y efecto de la solicitud de aplazamiento», escribió el fiscal del TPI, Karim Khan, en una notificación con fecha de 18 de noviembre.
Khan ha avanzado que la Fiscalía «solicitará en los próximos días información adicional» sobre el caso para estudiar la solicitud de aplazamiento.
Human Rights Watch desestimó que los mecanismos investigativos existentes en Filipinas brinden justicia a la población y lo calificó como un intento «absurdo» de evitar la investigación del TPI.
«La realidad es que la impunidad es la norma bajo el presidente Duterte, y por eso el TPI debe investigar», sostuvo Brad Adams, director para Asia de la organización.
