Refugiados ucranianos, la baza de Polonia para pedir fondos europeos

La visita a Varsovia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el próximo día 9, lleva al Gobierno polaco a maniobrar para lograr el desembolso de fondos europeos de recuperación, bloqueados para Polonia debido a su polémica reforma judicial.

Durante años, Bruselas ha mantenido una posición firme frente a Varsovia y la reforma judicial que el partido conservador PiS (Ley y Justicia) introdujo al llegar al poder en 2015, defendido desde entonces como uno de los pilares del programa de gobierno.

Los desencuentros entre la Unión Europea (UE) y Polonia se han agravado con los recortes de derechos a mujeres y a la comunidad LGBTI, mientras que las acusaciones de «colonialismo» y «terrorismo económico» lanzadas desde Varsovia han profundizado una crisis permanente en la que, por primera vez, el término «Polexit» apareció en el horizonte.

Sin embargo, tras estallar la guerra en Ucrania, Polonia ha reivindicado su papel como baluarte geoestratégico frente a Rusia, y su gestión al atender a los 2,5 millones de refugiados ucranianos registrados hasta ahora le ha granjeado las alabanzas y agradecimientos de toda Europa

Por ello, cuando el próximo sábado Von der Leyen se siente en Varsovia junto al presidente polaco, Andrzej Duda, para presenciar una función benéfica de recaudación de fondos y apoyo para Ucrania, el contexto será diferente al de antes de la guerra.

Artur Nowak-Far, antiguo vicesecretario de Estado polaco y profesor de la Escuela de Economía de Varsovia, explica a Efe en un correo electrónico que «el Gobierno polaco intentará usar cualquier argumento para llevar a la UE a liberar los fondos y muy probablemente perciben la situación con los refugiados como su principal carta a jugar al respecto».

El Gobierno en Varsovia aseguró hace unos días que «no espera a recibir compensaciones de la UE para ayudar a los refugiados» y que, de haber aguardado a obtener ayuda «ahora habría una catástrofe humanitaria».

Según opina Nowak-Far, Polonia va a hacer «todo lo posible» para convencer a la UE de que el dinero del fondo de recuperación pospandemia hace falta «para los refugiados» y apunta que «mucha gente piensa que esta es la razón por la que hay tantos reparos para reubicarlos» en otros países.

Los 36.000 millones de euros que aún permanecen en las arcas de Bruselas, que Varsovia considera retenidos de manera injustificada e ilegal, servirán llegado el momento para un ambicioso plan de inversión en infraestructuras y modernización del país que el PiS ha publicitado desde hace meses como «un plan que transformará a Polonia».

El Gobierno debe sopesar ahora si a cambio merece la pena renunciar a la reforma judicial o hasta qué punto puede dar marcha atrás sin ofrecer una imagen de claudicación ante su electorado y al mismo tiempo convencer a Bruselas de que ha dado un paso para garantizar el Estado de Derecho.

Por un lado, el presidente polaco ofreció lo que Bruselas calificó como «un paso en la buena dirección» al presentar una propuesta según la cual se eliminaría la Cámara Disciplinaria, un órgano creado por el PiS y cuya existencia y funcionamiento está en el centro de la polémica.

La Cámara, integrada por jueces afines al Gobierno, tiene unas competencias casi ilimitadas para sancionar, destituir o trasladar a cualquier juez.

Sin embargo, el principal artífice de la reforma, Zbigniew Ziobro, que acumula los cargos de ministro de Justicia, fiscal general del Estado, vicepresidente del Gobierno y es además el líder del partido Polonia Unida, que proporciona la mayoría parlamentaria al PiS, ha aprovechado su enorme poder para oponerse sistemáticamente a cualquier modificación fundamental.

En declaraciones hoy a la prensa, Ziobro, reconocido euroescéptico, afirmó que está «preparado para buscar un compromiso» con Bruselas, «pero un compromiso con límites».

Además, dejó claro que su partido no apoyará la propuesta de Duda y subrayó que, si finalmente el Gobierno la presenta ante Bruselas, podría provocar una ruptura en la coalición del Gobierno y precipitar unas elecciones anticipadas, la opción más temida por el PiS en el contexto actual.

Para el profesor Nowak-Far, «todas las propuestas son bastante suaves y no resuelven el problema de los nombramientos irregulares de jueces» y, por otro lado, interesa a Ziobro y al PiS permanecer unidos y conservar así el poder.

Las declaraciones de representantes del Ejecutivo en Varsovia sobre un inminente desbloqueo de los fondos han chocado con otros tantos desmentidos en Bruselas, y en opinión de algunos analistas expresan más bien un deseo en lugar de constatar una realidad.