El presidente de El Salvador Nayib Bukele
Bukele se acostumbra a gobernar a golpe de régimen de excepción y anuncia una séptima prórroga
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiere dejar como herencia de su mandato la eliminación de la violencia pandillera y, para lograrlo, no le importa llevarse también por delante los últimos reductos de democracia y libertad individual que quedan en el país centroamericano.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del viernes la séptima prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 55.000 detenidos, informó EFE.
Al igual que en la aprobación y las seis prórrogas anteriores, los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del Ejecutivo del presidente Bukele sin un estudio previo con 67 votos de los 84 diputados.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una conferencia de prensa horas antes de la aprobación que la decisión de solicitar la ampliación de la suspensión de derechos constitucionales se tomó el jueves por el consejo de ministros.
«Si bien es cierto que es una decisión del consejo de ministros, viene apalancada precisamente por esa necesidad de los millones de salvadoreños que han sido testigos de todos los resultados positivos que se han obtenido», indicó Villatoro.
Aseguró que «los resultados son innegables» con la detención de más de 55.000 supuestos pandilleros, la incautación de 1.644 armas y 1,24 millones de dólares.
«Contabilizamos a esta fecha 214 días sin homicidios, la mayoría de los cuales han sido dentro del régimen de excepción», acotó.
El gobierno de Bukele incluye en estos días «sin homicidios» varias fechas en las que se han reportado muertes de pandilleros en supuestos tiroteos con la Policía y que en otras administraciones y países son contabilizados como homicidios.
Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales.
La Constitución salvadoreña indica que la prórroga de la suspensión de la libertad de asociación, reunión y defensa, además de la inviolabilidad de la correspondencia, no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración.
De acuerdo con investigaciones del medio local El Faro, la escalda de violencia se dio tras el supuesto quiebre de un pacto entre las pandillas y el Ejecutivo de Bukele, acusación de negociaciones que Estados Unidos también ha hecho.
«El fin de semana en que se rompieron las negociaciones entre el Gobierno del presidente Bukele y las pandillas, cuatro líderes nacionales de la Mara Salvatrucha-13 salieron del penal de máxima seguridad hacia un hospital privado en San Salvador», afirmó El Faro.
Las organizaciones humanitarias y la oficina del defensor del pueblo han recibido más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción.
