Expresidente salvadoreño Mauricio Funes (Iz.) y el dictador nicaragüense Daniel Ortega
Hispanoamérica
La Justicia de El Salvador juzgará en ausencia al expresidente Funes por pactar con las pandillas
El exmandatario izquierdista Mauricio Funes buscó refugio en Nicaragua donde la dictadura de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense que impediría su extradición
Una corte de Instrucción de El Salvador envió el miércoles a juicio al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), por la tregua que supuestamente impulsó su Gobierno con las pandillas entre 2012-2014, y girará orden de captura contra el exmandatario.
El Centro Judicial informó de que el Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador instaló hoy una audiencia preliminar contra Funes, quien será juzgado en ausencia dado que se encuentra en Nicaragua donde la dictadura de Daniel Ortega la concedió asilo político y posteriormente la nacionalidad nicaragüense.
El exmandatario salvadoreño es acusado de los delitos de asociación ilícita e incumplimiento de deberes.
El juzgado, indicó la fuente, ordenó la apertura de juicio contra el expresidente, ratificó la detención provisional porque «existe fuga y evasión del imputado para que responda ante la justicia salvadoreña», lo declaró rebelde y emitirá orden de captura que quizás nunca se ejecutará, pues Ortega lo custodia y protege en Nicaragua.
Juicio en ausencia
Una de las reformas señala que «la audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa». Antes de la reforma, no se podía avanzar más allá de la etapa de instrucción sin la presencia de los acusados.
«Pacto de no agresión» con las pandillas
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno y que, según la Fiscalía, estipulaba favores para estas bandas.
El pacto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad
El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.
No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua el general David Munguía Payés, ministro de Seguridad en la época de la tregua, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de «pacificación».
Tras el fracaso de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en El Salvador en 2014, se dispararon a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y bajaron a 81 en 2016.
