El Gobierno de Túnez prolonga por 11 meses más el estado de emergencia decretado en 2015

El presidente tunecino Kais Said decretó la prolongación del Estado de emergencia hasta el próximo 31 de diciembre, medida impuesta en el país tras una cadena de atentados yihadistas en 2015 y que se prorroga desde entonces de manera ininterrumpida, según publicó este martes el Boletín Oficial del Estado (JORT).

A su llegada al poder a finales de 2019, Said, profesor de Derecho Constitucional, reconoció que esta medida era «anticonstitucional» y se comprometió a limitarla exclusivamente a la lucha contra el terrorismo. La última vez que la decretó fue el pasado mes de diciembre, por un periodo de un mes.

El Estado de emergencia otorga poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, permitiendo, entre otras cosas, limitar el movimiento de la población o prohibir manifestaciones o huelgas susceptibles de derivar en desórdenes sin aprobación judicial previa.

Desde el 25 de julio de 2021, Túnez se encuentra igualmente bajo el Estado de excepción, por el que el mandatario suspendió el Parlamento y se hizo con plenos poderes con el fin de «recuperar la paz social».

Un «golpe de Estado»

Una decisión calificada por la mayoría política como «golpe de Estado», mientras otros consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Desde entonces la Justicia, tanto civil como militar, ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión, lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Opositores a Said, especialmente el partido islamista Ennahda- principal fuerza del ahora disuelto Parlamento- denuncian una persecución judicial y le acusan de «desviar» la atención de los problemas económicos y sociales que atraviesa el país, entre ellos la escasez de productos de primera necesidad y la inflación, que ha alcanzado el 10%.

Tras celebrarse este domingo la segunda vuelta de los comicios legislativos, que registró oficialmente una participación del 11,3 %, la oposición- que boicoteó la consulta- reclama elecciones presidenciales anticipadas.