La UE sanciona a otras 32 personas y dos entidades de Irán por la represión contra los manifestantes
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) respaldaron este lunes nuevas sanciones contra 32 personas y dos entidades de Irán por la represión de la población, en la que ya es la quinta ronda de medidas restrictivas contra las autoridades de ese país en relación con violaciones de los derechos humanos desde la muerte de la joven Masha Amini.
Entre los nuevos sancionados se encuentran los ministros iraníes de Cultura y Orientación Islámica, Esmaeili Mohammad Medhi, y el de Educación, Nouri Yousef.
También el comandante adjunto del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) Ali Fadavi y el portavoz Ramezan Sharif de esa misma entidad.
En concreto, la UE ha decidido sancionar al ministro de Cultura porque el Ministerio ha amenazado personal y públicamente con prohibir a cineastas por haber emitido una declaración pidiendo moderación a las autoridades que reprimen a los manifestantes, y por haber amenazado a artistas y músicos con dejar de trabajar por no ceñirse a la línea oficial del Gobierno.
Internamiento de estudiantes
La decisión de sancionar al responsable de Educación se debe a que lo considera responsable del internamiento de estudiantes en centros penitenciarios.
Además, la UE también ha decidido incluir en la lista negra, entre otros, a diputados, a diversos jueces y fiscales y a directores de cárceles del país.
Las dos nuevas entidades sancionadas son la Fundación para la Cooperación de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán y el Instituto de Ciencias Policiales y Estudios Sociales.
En total, en la lista de sancionados iraníes en relación con vulneraciones de los derechos humanos figuran 196 individuos y 33 entidades.
Los sancionados tienen prohibido entrar en territorio comunitario y todos los activos de los que dispongan en la UE han quedado congelados; además, no se podrá poner a su disposición recursos económicos.
Al mismo tiempo, la UE aplica a Irán un veto a la exportación de equipos que puedan ser empleados para la represión interna y para controlar las telecomunicaciones.
Sin acuerdo sobre la Guardia Revolucionaria
Pese a la insistencia de países como Alemania, el Consejo sigue sin llegar a un acuerdo (tiene que ser por unanimidad) para considerar a la Guardia Revolucionaria iraní como entidad terrorista.
Para ello, según ha reconocido el propio alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sería necesario en primer lugar alguna decisión judicial en ese sentido en algún Estado miembro.
La UE viene denunciando, desde la muerte en septiembre de Amini bajo custodia policial tras haber sido arrestada por infringir supuestamente el estricto código de vestimenta del país, el uso generalizado y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes pacíficos.
Según la ONG con sede en Oslo Iran Human Rights (IHRNGO), el número de muertos a manos de las fuerzas de seguridad de Irán en las últimas semanas asciende a 326, de ellos 43 menores de edad.
La UE insiste en que los responsables de la represión contra la población rindan cuentas, y ha instado a las autoridades iraníes a garantizar que se llevan a cabo investigaciones transparentes y fidedignas para esclarecer el número de muertes y detenciones, se deja en libertad a todos los manifestantes pacíficos y se asegura que se respetan las garantías procesales de todos los detenidos.
Anteriormente, la UE también ha criticado la decisión de Irán de restringir drásticamente el acceso a internet y de bloquear las plataformas de mensajería instantánea, lo que asegura que viola de forma flagrante la libertad de expresión.
Tras la muerte de Amini, la UE aseguró que «estudiaría todas las opciones a su disposición» para abordar su «asesinato» y la manera en que las fuerzas de seguridad iraníes han respondido a las manifestaciones posteriores.
En paralelo, está imponiendo medidas restrictivas, en otro marco de sanciones, a responsables iraníes por ayudar militarmente a Rusia en la invasión de Ucrania.
Bruselas ha propuesto sancionar en el próximo paquete de sanciones contra Rusia por invadir Ucrania -el décimo ya-, que espera vea la luz el viernes cuando se cumple un año del inicio de la guerra, a otras siete empresas iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria que fabrican los drones que Teherán está dando a Moscú para bombardear Ucrania, y no descarta incrementar la lista en el futuro.