La Asamblea Nacional de Francia podría echar por tierra la reforma de las pensiones

La Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento) examinará el próximo 8 de junio la propuesta de ley presentada, en el marco de su «nicho parlamentario» (ver apoyo), por el heterogéneo y minoritario, pero muy activo, grupo parlamentario Liot, encaminada a echar por tierra la polémica reforma de las pensiones, aprobada in extremis –mediante el rechazo de una moción de censura– hace más de dos meses.

Liot lamenta en su exposición de motivos –con fecha de 20 de abril– que la reforma de las pensiones «no fuera sometida a votación en la Asamblea Nacional» y acusa al Gobierno de haber impedido «un debate claro y sincero» recurriendo al artículo 47-1 y al apartado 3 del artículo 49 de la Constitución. Este último es el que permite la adopción de un texto sin votación si se rechaza una moción de censura depositada ex profeso. Es lo que terminó ocurriendo.

El objetivo de esta propuesta de ley es salir del punto muerto en el que se encuentra hoy el paísGrupo parlamentario Liot

Por eso, prosigue Liot, «el objetivo de esta propuesta de ley es salir del punto muerto en el que se encuentra hoy el país, evitar que se desgarre aún más, y restablecer la paz [social]», en clara alusión a los graves disturbios que precedieron su aprobación. «El requisito previo para esta paz es la retirada de la reforma de las pensiones, porque es esta reforma la que ha provocado la crisis social y política en la que nos encontramos en primer lugar», continúan.

La edad de jubilación

Liot no pide la retirada integral de la reforma, pero sí sus dos pilares, es decir, la disposición que alarga de 62 a 64 años la edad legal de jubilación y el restablecimiento del «calendario inicial de aumento de la duración de las cotizaciones, hasta alcanzar los 172 trimestres en 2035 para la generación [nacida a partir] de 1973».

Semejantes peticiones han hecho saltar las alarmas en los tres grupos que conforman la mayoría parlamentaria que apoya a Emmanuel Macron. Renaissance, llamado igual que el partido presidencial, alega que, de aprobarse la propuesta de Liot –que precisaría de un voto favorable del Senado–, el coste para el erario rondaría los 20.000 millones de euros. De ahí que esté dispuesto a usar todos los medios legales para impedir que la propuesta salga adelante, incluso el recurso a un artículo de la Constitución, el 40, que prohíbe la admisión a trámite de propuestas encaminadas a «una reducción de los recursos públicos o la creación o agravamiento de una carga pública».

Es ahí donde empieza la primera vertiente estrictamente política del asunto: diputados de Renaissance ya apelaron a la presidenta de la Asamblea Nacional y compañera de partido, Yaël Braun-Pivet, para que frenase a Liot. Pero el cuarto personaje del Estado parece más interesado, de momento, en garantizar el ejercicio de los derechos de la Asamblea que de ceñirse a la estrategia política y de comunicación de Macron y su Gobierno. Según refieren varios medios, el enfado de Macron con Braun-Pivet es profundo.

Con razón: los diputados macronistas se han visto, incluso, obligados a depositar sus esperanzas en el presidente de la Comisión de Finanzas, el comunista Eric Coquerel, que se comprometió a dar una respuesta sobre la admisión a trámite –es competencia suya una vez se inhibió Braun-Pivet– antes del 31 de mayo. Lo fizo finalmente la víspera: la propuesta de Liot es admisible para ser debatida en pleno el día 8. Nada extraño, dada su feroz oposición a la reforma y teniendo en cuenta, además, que la derecha podría unir sus votos a los de la extrema izquierda, Liot y la Agrupación Nacional. El revés para el macronismo sería letal.

¿Qué es un «nicho parlamentario»?

Es un derecho consagrado en la Constitución. Aunque esta disposición específica no figuraba en el texto original de 1958, se añadió en 1995 y fue corroborada en 2008. La Constitución estipula que «se reservará un día de sesión al mes para un orden del día elaborado por cada asamblea a iniciativa de los grupos de la oposición en la asamblea de que se trate y de los grupos minoritarios». En la práctica, esto significa que un día al mes, y por turno, cada partido de la oposición o grupo minoritario puede incluir sus proyectos de ley en el orden del día. Normalmente, es el Gobierno quien elige los temas prioritarios que se debatirán en la Asamblea y el Senado.