Ingeniería social
Bruselas estudia imponer el reconocimiento de hijos por gestación subrogada a toda la Unión
Fricción dentro de los grupos de izquierda por la falta de unidad a la hora de encajar los vientres de alquiler con el feminismo
La Comisión Europea pidió en diciembre de 2022 que todos los países de la Unión Europa tengan la obligación de reconocer la filiación legal en todo el territorio de la comunidad. El objetivo, según dicen, es que los niños europeos disfruten de los mismos derechos cuando se desplazan dentro del espacio común «sin importar el modo en que fueron concebidos o nacieron». Esto supone una serie de conflictos legales porque, implícitamente, se estaría forzando a aceptar a todos los hijos nacidos por maternidad subrogada, sean para parejas heterosexuales u homosexuales.
La disensión no es solo a nivel de los Estados miembros, sino incluso dentro de las fuerzas políticas que han apoyado con gran ahínco esta medida. La izquierda, en todas sus facetas, está profundamente dividida porque una parte de ella considera los vientres de alquiler como explotación de la mujer y eso va en contra del manual de acción política feminista.
El eslogan es el siguiente: «Si alguien es madre o padre en un país, también lo es en todos los demás países». A priori esto no debería ser un problema, pero un vistazo más en profundidad nos lleva a darnos de bruces con el derecho de familia, único y exclusivo de cada país. No sólo eso, sino que ese derecho es expresión de la propia esencia, del ser y sentir de cada pueblo.
Bruselas, para sortear este escollo, quiere crear lo que podría llamarse «certificado voluntario» que ahorre tiempo y dinero a los poseedores. Ahora cada país tiene su filiación y muchos no quieren que eso cambie. Didier Reynders, el comisario de Justicia, para sortear este problema explicó que el objetivo principal es «dotar de seguridad jurídica a los menores». Siempre es por el mejor interés de la infancia, o eso dicen. Este argumento también ha sido usado en España a la hora de aprobar la ley de protección del menor que erosiona el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias y valores y, más recientemente, en la aprobación de la ley trans que permite su hormonación sin que tenga que ser aprobado por los padres en todas las circunstancias.
No está teniendo éxito
A pesar de la insistencia de grupos como Renew y los verdes cuando se empezó a trabajar en esta propuesta, la voluntad de sacarlo adelante se ha ido desinflando. Las elecciones dentro de un año ya pesan en la mente de muchos eurodiputados y algunos, sabiéndose más fuera que dentro, han bajado los brazos.
Coloquialmente este certificado de filiación se conoce como el «certificado arcoíris». El objetivo inicial siempre ha sido reconocer a los niños de parejas homosexuales como si fueran hijos naturales, por lo que al mismo tiempo se estaría ejerciendo presión sobre el reconocimiento de estas parejas en los sistemas judiciales de países que se niegan a incluirlo bajo el concepto de familia.
Aplicar algo así es más complicado de lo que parece, al menos por ahora. Plantear que Europa ofrezca un abanico de sistemas legales a elegir el que más convenga en función de dónde se esté o de dónde venga uno no ha sido una idea sólida. Este procedimiento erosiona en sí mismo el concepto de ciudadanía otorgada por los Estados-nación según el modelo clásico.
Presentación de enmiendas
El certificado sigue debatiéndose. El pasado miércoles se presentaron enmiendas de la Comisión de la mujer y hubo tres eurodiputadas que hicieron frente común contra su aprobación: Alessandra Basso (ID), Livia Jaroka (NI. Fidesz) y Margarita de la Pisa (ECR).
Dos artículos se han esgrimido como base legal para que sea desechado. Por un lado, el artículo 81(1) del Tratado de Fundación de la Unión Europea (TFUE) que estipula que «la Unión desarrollara una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales»; por otro, el artículo 81(3) –específico sobre el derecho de familia– que considera que «las medidas se establecerán por el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial» y deberá ser aprobado por el Consejo por «unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo».
La actividad parlamentaria se ha parado con motivo de las vacaciones de verano. El debate sobre este certificado con el que pretenden algunos grupos vender gato por liebre continuará a partir de siempre.