Carta a la CPI: así manipula Venezuela las investigaciones sobre las violaciones de derechos

Me dirijo ante usted, Sr. Karim Khan –fiscal ante la Corte Penal Internacional– muy atentamente, luego de brindarle un respetuoso saludo en nombre de las innumerables víctimas de la represión y persecución sistemática a la población civil que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos años, con la finalidad de exponerle lo siguiente:

Soy un ciudadano venezolano, que, como tantos otros, fui víctima de encarcelamiento y persecución, como retaliación a mis firmes convicciones políticas a favor de la democracia y los derechos humanos. Se trata de un caso que se encuentra muy documentado, pues para el momento de la comisión de los hechos, me desempeñaba como alcalde electo del Distrito Capital, en Venezuela, y sin razón alguna fui privado de libertad y sometido a un ilegal proceso, que tenía como único objetivo procurar silenciarme.

Ahora bien, quiero hacer del conocimiento de su Oficina, que en días recientes recibí una citación de parte del Ministerio de Justicia de España, donde me encuentro en calidad de exiliado, Fiscalía General del Estado, Unidad de Cooperación Internacional, mediante la cual se me solicitaba participar en una diligencia de investigación, por lo que, a la brevedad del caso, me dirigí hasta dicha dependencia para atender el llamado.

Es el caso, que una vez en la mencionada dependencia, se me informa que se trata de una solicitud de asistencia mutua en materia penal, proveniente de la Fiscalía Trigésima Novena (39na.) con Competencia Plena a Nivel Nacional del Ministerio Público venezolano, quien dice expresamente estar conociendo casos «de la Corte Penal Internacional», el mío en particular por el delito de «Privación Ilegítima de la Libertad». La diligencia en concreto solicitada por esta fiscalía es que fuera citado para la toma de una supuesta entrevista por vía telemática, y además hacer un pretendido «retrato hablado» de los funcionarios policiales que me detuvieron ilegalmente.

Quiero expresar mi más rotundo rechazo a esa solicitud, pues procura seguir victimizándome al intentar simular una investigación sobre hechos que jamás han sido indagados seriamente, y que por el contrario, han sido encubiertos por toda la estructura judicial del Estado. Debo explicar con toda responsabilidad, que mi detención arbitraria, está perfectamente documentada en un simulado expediente judicial, además de vídeos, fotografías, entre otras fuentes de prueba. Los funcionarios que actuaron en esta ilegal detención, suscribieron un acta policial de tal diligencia, en la que consta su identificación plena y organismo de adscripción, todo lo cual está en manos del Ministerio Público, que hace esta insólita petición de asistencia.

Pero es que, además, luego de ser ilegalmente detenido, una fiscal de ese mismo Ministerio Público solicitó ante un juez de Control que se decretara una medida de privación judicial de libertad en mi contra, y eso consta en el expediente judicial. Esa misma fiscal que solicitó mi detención y posteriormente me acusó sin prueba alguna es la actual presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington Padrón, quien además es magistrada suplente en el Tribunal Supremo de Justicia, y figura en numerosos informes sobre detenciones arbitrarias, torturas y persecución, que han sido documentados por la Misión Independiente para la Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, así como en incidencias que reposan en la honorable Fiscalía a su cargo.

De modo que el Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab, intenta engañar a la Corte Penal Internacional, en el marco del memorándum de entendimiento firmado por Venezuela con su Despacho, ya que ordena una diligencia irrelevante, para intentar demostrar falsamente que está llevando a cabo una investigación, a pesar de contar con la totalidad de la identificación de toda la cadena de mando que actuó en mi contra en los crímenes en mi contra. No hay mayores pruebas que el expediente mismo.

Finalmente, quiero denunciar que no existe seguridad alguna para las víctimas de crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por agentes del Estado venezolano. El Ministerio Público y todos los tribunales, actúan de forma coordinada con el Poder Ejecutivo en la comisión de estos crímenes, y lejos de proteger a las víctimas, procuran encubrir a los autores o partícipes.

El mismo Fiscal General de Venezuela es un eslabón fundamental en la perpetración de los crímenes de encarcelamiento y persecución

En el marco de la complementariedad, el Estado venezolano no quiere ni puede perseguir a los altos responsables de los crímenes, pues ello implicaría el encarcelamiento de quienes ocupan los más altos cargos dentro de los poderes públicos y sus subalternos que ejercen sin contrapeso alguno el poder dentro del territorio. El mismo Fiscal General de Venezuela es un eslabón fundamental en la perpetración de los crímenes de encarcelamiento y persecución, además de permitir que la tortura se institucionalizara por parte de los organismos de seguridad.

Alerto a esta instancia fiscal a su cargo, de esta práctica que está desplegando el Ministerio Público venezolano, quien, junto a otras instancias oficiales, intentan dar una falsa percepción de justicia para intentar entorpecer la investigación que ha sido autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.

Sin más a que hacer referencia, queda de usted atentamente.