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El presidente de Estados Unidos, Joe BidenAFP

Biden impulsa su agenda LGBT a nivel planetario

Durante la retirada de Afganistán, Estados Unidos dio prioridad a los refugiados identificados como homosexuales

A Joe Biden le faltó tiempo para impulsar su agenda LGBT: el 4 de febrero de 2021, apenas dos semanas después de llegar a la Casa Blanca, hizo público un decreto titulado «Promoción de los derechos humanos de las personas gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales en todo el mundo», al que atribuía la condición de «asunto relevante para la seguridad nacional».

Por eso, lleva el nombre administrativo «Nsm-4». En principio, se trataba de recuperar el memorando similar, elaborado en 2011 por Barack Obama, y marginado, que no anulado, por Donald Trump entre 2017 y 2021.

Mas su contenido trasciende el de un mero memorando, al poner en marcha varias disposiciones ejecutivas.

La justificación era palmaria: «Estados Unidos debe estar a la vanguardia de esta lucha, alzando su voz y defendiendo sus valores más preciados», de ahí que «nuestra política será ponerle fin a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales, y liderar con el poder de nuestro ejemplo la causa de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo».

Palabras que coinciden con un discurso pronunciado por Anthony Blinken al poco de tomar posesión como secretario de Estado y dirigido al cuerpo diplomático estadounidense.

En septiembre de 2021, Blinken nombró a Jessica Stern «enviada de Estados Unidos para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo». En otras palabras: una comisaria política para velar a la buena aplicación de la agenda de Biden y Blinken.

Como subraya el informe «la exportación de la ideología LGBT: la prioridad de la Administración Biden», publicado hace unas semanas por The Family Resesarch Council y al que ha tenido acceso este periódico, «se trata de un objetivo sin precedentes para ejercer [un] control sobre las percepciones culturales y políticas de otros países, y para impulsar conceptos que ni siquiera se encuentran en las leyes estadounidenses de derechos civiles».

La Administración Biden realiza un seguimiento exhaustivo de sus acciones, de cuyos resultados rinde cuentas periódicamente: el 28 de abril de 2022, sin ir más lejos, el Departamento de Estado publicó su «primer informe de progreso en su clase», 130 páginas, que «ofrece informes detallados y transparentes de las agencias del Gobierno de EE.UU que participan en el exterior en los esfuerzos para proteger y promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo».

Un año 2022, por cierto, en el que la bandera arcoíris ondeó en la fachada de 99 embajadas. En algunos casos, se llegó hasta la provocación al colocar ese símbolo en las embajadas ante la Santa Sede y las de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, Estados con perspectivas muy distintas en la materia.

Durante la presidencia de Trump, en comparación, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, ordenó que únicamente la bandera nacional podía ondear en los frontispicios de las embajadas.

Más: siempre en 2022, fueron 132 el número de representaciones diplomáticas estadounidenses que celebraron oficialmente el «Mes del Orgullo» a través de las redes sociales o de sus respectivas páginas web.

En 49 de ellas, miembros del personal de las embajadas participaron en las marchas celebradas al respecto.

La actividad relacionada con la causa homosexual en las embajadas estadounidenses no se limita a esos episodios propagandísticos: se organizan, asimismo, mesas redondas, noches de cine «LGBT», o seminarios centrados en esa temática.

«Por ejemplo», señala el informe de The Family Research Council, en el Día Internacional de la Salida del Armario, el número dos de la embajada en Luxemburgo grabó un vídeo –publicitado posteriormente por la sede diplomática– contando su experiencia.

Por su parte, la embajada estadounidense en Nueva Delhi estimó oportuno proyectar el vídeo de un activista transgénero.

Con todo, hay elementos más preocupantes: otro de los informes realizados al amparo del Departamento de Estado tiene que ver con las «prácticas de derechos humanos según los países».

En 2009, bajo Obama, se añadió un apartado «Abusos sociales, discriminación y actos de violencia basados en la orientación sexual y la identidad de género», que retomó la Administración Biden con la intención de potenciarlo.

Entre estas, figuran las terapias de conversión. Como era de esperar, el Departamento de Estado critica a Irán o Kazajstán.

Más sorprendente, en cambio, resulta la presencia de Finlandia entre los señalados. El informe observó que «aunque la ley prohíbe la terapia de conversión, de forma voluntaria y privada, se seguían ofreciendo a los niños de la comunidad de la Iglesia Pentecostal material que fomentaba la ‘conversión’ de la orientación sexual».

Estados Unidos, antaño primer defensor de la libertad religiosa, la ataca ahora frontalmente.

Incesto y pedofilia

Todas estas operaciones serían de imposible culminación sin subvenciones cuidadosamente dosificadas por el Departamento de Estado.

El país más beneficiado por la generosidad estadounidense en materia Lgbt fue Botsuana, que en 2022 recibió 300.000 dólares. Nada extraño, pues África es, desde hace tiempo, objetivo preferencial de las redes homosexualistas a nivel global.

Sin embargo, han sido en Portugal y Ecuador donde se ha producido el uso más discutible de los fondos procedentes del erario norteamericano.

En septiembre de 2021: la embajada de Estados Unidos en el país luso financió con 100.000 dólares un festival de cine, «Queer Lisboa», en el que se pudieron ver, según The Family Research Council, imágenes de incesto y pedofilia.

Lo irónico del caso es que, preguntada por el senador republicano Marco Rubio acerca de tan curioso destino del dinero público, la directora del Diversidad e Inclusión del Departamento de Estado, Gina Abercombie-Winstanley, respondió que «no sabía» cómo esa subvención contribuía al interés nacional de Estados Unidos.

Algo similar ocurrió en Ecuador tras una ayuda de 20.600 dólares, concedida en el otoño de 2022, al Centro Ecuatoriano Norteamericano Abraham Lincoln (Cena), encaminada a «promover la diversidad y la inclusión» mediante representaciones drag y medios de comunicación relacionados con la «temática Lgbt».

El programa concluyó el pasado junio sin que el destinatario hubiera gastado la totalidad de los fondos asignados. En esta ocasión fue el mismísimo Blinken el que tuvo que dar explicaciones en la Cámara de Representantes. Fueron bastante brumosas.

«Por un lado, tengo que decir que no estoy seguro de entender a qué se debe la preocupación, pero también reconozco que, de nuevo, ni ustedes ni yo habríamos optado por financiar este programa en concreto».

Sin embargo, Estados Unidos también actúa en red para potenciar a nivel global los objetivos LGBTQI+.

Lo hace principalmente a través del Fondo Mundial para la Igualdad, creado en 2011 por Obama, con la ayuda de fundaciones especializadas y de conocidas empresas como Deloitte, The Royal Bank of Canada, Marriott, Hilton o Bloomberg.

El citado fondo otorga ayuda de hasta 1,5 millones de dólares para «empoderar a los movimientos y comunidades locales», «prevenir, mitigar y recuperarse de la violencia, la discriminación, el estigma y los abusos contra los derechos humanos», «promover la plena inclusión social» o «abordar cuestiones críticas de justicia».

Un vocabulario de apariencia consensual para servir objetivos muy divisivos. El apoyo financiero del Fondo Mundial para la Igualdad había superado, en 2021, los 100 millones de dólares.

Pero ni esas cantidades difuminan la ignominia que se produjo durante la poco gloriosa retirada estadounidense de Afganistán: so pretexto de lo contemplado en la sección 4 (j) de la Nsm-4, el Departamento de Estado priorizó la evacuación de los «afganos vulnerables», entiéndase los pertenecientes a las minorías sexuales.

El informe de The Family Research Council documenta cómo el Departamento de Estado indicó al responsable de una organización cristiana que su avión tendría más posibilidades de despegar si llevaba a bordo personas «identificadas como Lgbt». Más claro, el agua.