La UE castigará la desinformación y la interferencia extranjera con nuevas normativas de publicidad política

En un esfuerzo por garantizar elecciones libres y justas, la Unión Europea ha dado un paso de gigante al aprobar nuevas normativas para regular la publicidad política, como ya adelantó el eurodiputado Pablo Arias a El Debate.

Estas reglas se aplicarán a los anuncios que buscan influir en el comportamiento de voto o en los resultados de elecciones y referéndums, abarcando aquellos realizados por o en nombre de actores políticos.

¿Su objetivo principal? Combatir la desinformación y la interferencia extranjera en los procesos electorales de la UE. Además, se establecerán restricciones en el uso de datos personales para la segmentación de anuncios. A lo largo de las próximas semanas, se finalizará la nueva regulación antes de que el Parlamento completo y el Consejo la ratifiquen formalmente.

El eurodiputado del PP, y ponente del Grupo PPE para el Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de

la publicidad política, Pablo Arias Echeverría, celebró el nuevo texto.

«Tenemos que proteger nuestras democracias. Casos como Cambridge Analytica, el Brexit o el referéndum ilegal en Cataluña son inadmisibles y un claro ejemplo de lo que queremos abordar con esta regulación», afirmó Arias

La transparencia y la responsabilidad serán cruciales bajo la nueva legislación, donde será obligatorio identificar de manera clara a los patrocinadores de los anuncios políticos. Se facilitará información sobre quién financia una publicidad, su ubicación, la cantidad pagada y el origen del financiamiento.

Aspectos técnicos

Además, por insistencia del Parlamento, se creará un registro público de todas las publicidades políticas en línea, junto con sus datos relacionados, que se mantendrá por un periodo de hasta siete años.

Para preservar la integridad de las elecciones, se ha prohibido que países ajenos a la UE patrocinen publicidad política en el bloque en los tres meses previos a una elección o a un referéndum.

Y respecto al ciblage, solo se podrán usar datos personales que hayan sido proporcionados explícitamente para publicidad política en línea y recabados directamente del individuo. Se prohíbe el uso de categorías específicas de datos personales, como el origen étnico o la orientación sexual, para la creación de perfiles publicitarios.

En la práctica, las normas se aplicarán a nivel local, autonómico, nacional y europeo, «un matiz importante que garantiza la seguridad jurídica a todos los niveles. Así, en España, hemos visto de cerca los efectos de las injerencias extranjeras en conflictos regionales, como es el caso del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2017 que fue, en parte, manipulado por actores rusos», según Arias.

Las comunicaciones internas, como los boletines de noticias enviados por partidos políticos a sus miembros, no se considerarán publicidad política y no estarán sujetas a estas regulaciones adicionales.

Las reglas acordadas solo se aplicarán a la publicidad política pagada y no afectarán la expresión de opiniones personales, contenido periodístico no patrocinado, ni comunicaciones sobre la organización de elecciones por fuentes oficiales.

En caso de infracciones, el texto aprobado permite imponer sanciones, que podrían alcanzar hasta el 6% de los ingresos anuales o facturación de un proveedor de publicidad.

Finalmente, el Consejo y el Parlamento deben adoptar formalmente el acuerdo antes de que la regulación entre en vigor. Las reglas serán aplicables 18 meses después de su entrada en vigor, mientras que las medidas relacionadas con la provisión no discriminatoria de publicidad política transfronteriza entrarán en vigor para las elecciones al Parlamento Europeo en 2024.

Según Pablo Arias, «con este texto avanzamos hacia una Unión Europea más transparente y libre, mejor preparada ante futuros intentos de desestabilización por parte de fuerzas extranjeras, y mejoramos la protección de los derechos fundamentales de los europeos».