El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) comparece ante un tribunal en 2014
El Constitucional de Perú reitera la orden de excarcelación a favor del expresidente Fujimori
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la puesta en libertad del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictaminó lo contrario el año pasado.
«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del TC.
La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto disidente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró «fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso».
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían «proceder a la excarcelación inmediata» de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.
«Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia», declaró Morales al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
En ese sentido, la resolución emitida este martes por el TC también llamó «severamente la atención» al juez de Ica y lo exhortó a «poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus».
El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.
La parlamentaria de la alianza fujirmorista Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, afirmó que «la humanidad no tiene apellido», en un mensaje compartido en la red social X.
Familiares de víctimas y defensores de DDHH rechazan la decisión
La representante de los asesinados en este sonado caso agregó, en su cuenta de X (antes Twitter), que «el indulto de 2017 fue negociado» y calificó el fallo del TC como una «inaceptable decisión» y lo acompañó de la etiqueta «#FujimoriCulpable».
La organización feminista Manuela Ramos expresó, en la misma red social, su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori, «una persona que jamás ha pedido perdón por los crímenes contra la humanidad, ni ha reparado a las víctimas».
