Irlanda demandará al Reino Unido por la ley de amnistía para Irlanda del Norte

El Gobierno irlandés anunció, el miércoles, que presentará una demanda contra el Ejecutivo de Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la tramitación de la polémica ley del Legado violento de Irlanda del Norte, que ofrece amnistía a los implicados en crímenes cometidos durante la época de los «Troubles», la violenta era desde 1969 a 1989.

Se trata de la segunda vez que Dublín inicia una acción judicial de esta índole. El vice primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha explicado que esta ley de amnistía , aprobada en Londres el pasado mes de septiembre y que promovió el ex primer ministro Boris Johnson en 2021, es incompatible con las obligaciones adquiridas por el Reino Unido con la Convención Europea de Derechos Humanos.

«Se ha tomado esta decisión después de considerarlo cuidadosamente. Lamento que nos encontremos en una posición en la que nos vemos obligados a tomar esta decisión», confesó el político irlandés. Martin arguyó que el Ejecutivo de Londres ha decidido «legislar de manera unilateral» y sin atender a las «preocupaciones legítimas que nosotros, como muchos otros, hemos planteado».

«El Gobierno británico eliminó la opción política y solo nos ha dejado esta vía legal», explicó el vice primer ministro irlandés. Recordó, asimismo, que la incorporación de la Convención Europea de Derechos Humanos a la legislación de Irlanda del Norte es un «requisito específico y fundamental del acuerdo del Viernes Santo» (1998), el texto que puso fin al conflicto en la provincia británica.

«Desde que el Reino Unido presentó por primera vez la legislación, este Gobierno ha sido coherente respecto a que no es compatible con la convención. Hemos aprovechado cada oportunidad para dar a conocer nuestras preocupaciones e instar al Gobierno británico a frenar esta legislación», declaró Martin.

El vice primer ministro irlandés insistió en que las víctimas deben de situarse en el centro del debate sobre la citada legislación, a la que se oponen también todos los partidos norirlandeses y organizaciones de derechos humanos.

Martin señaló que, en particular, preocupan las «disposiciones que permiten la concesión de inmunidad», así como las que «cierran las vías existentes» para esclarecer «casos históricos», incluidas «investigaciones, investigaciones policiales, investigaciones del Defensor del Pueblo de la Policía y acciones civiles».