Soldados del Ejército de Ecuador realizan capturas en las calles de Quito
La violencia coloca a Ecuador entre los países más arriesgados para invertir en Hispanoamérica
Ecuador se posiciona como el tercer país más arriesgado para los inversores en la región tras Venezuela y Bolivia según el índice de JP Morgan
La crisis de seguridad por el flagelo del crimen organizado ha vuelto a colocar a Ecuador entre los países más arriesgados de la región para los inversores, con oscilaciones del riesgo país (prima de riesgo) que llegó el martes a los 2039 puntos, para, posteriormente, retroceder y situarse aún por encima de los 2000.
El nivel del índice alcanzado en medio del caos y los motines en las prisiones del país andino es el más alto desde el pasado 13 de diciembre. Entonces registró 2141 puntos, después de que a finales de noviembre de 2023 el riesgo país emprendiera el ascenso a los 2000 puntos, cifras que la última vez que se vieron fue en 2020, en plena pandemia y paralización económica.
El miércoles el riesgo país, que mide la probabilidad de que el país incumpla con sus obligaciones de deuda externa, se redujo a 2018 en aparente reacción a la declaratoria de existencia de «un conflicto armado interno» por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien asumió el cargo hace mes y medio.
Daniel Noboa presidente de Ecuador tras recibir la banda presidencial
Así las cosas, Ecuador se posiciona como el tercer país más arriesgado para los inversores en la región tras Venezuela y Bolivia, y ligeramente superior o equiparable a la de Argentina, conforme al índice de JP Morgan.
La prima de riesgo ecuatoriana experimentó un importante incremento a lo largo de 2023, cerrando el año con 2055 puntos tras iniciarlo en 1250 unidades, en gran medida debido al deterioro de la seguridad junto a la crisis política que llevó al anterior presidente, Guillermo Lasso, a no agotar legislatura y disolver la Cámara legislativa con el consiguiente adelanto electoral.
Tellimer Group, plataforma especializada en inteligencia de mercados emergentes con sede en Londres, apunta en un informe esta semana que «a pesar del impacto a corto plazo del aumento de la delincuencia», mantiene su sobre ponderación en el crédito al sugerir que el Gobierno puede aprovechar el conflicto para generar apoyos.
Advierte, no obstante, de que «no controlar la crisis podría dañar la popularidad de Noboa, favoreciendo potencialmente el retorno del correísmo en 2025».
¿Qué implica tener un riesgo país elevado?
El Índice de Mercados Emergentes de Bonos (EMBI), o riesgo país, es una herramienta financiera que mide el riesgo crediticio asociado con los bonos emitidos por países en desarrollo, como Ecuador.
Un valor alto implica que el país tiene que pagar tasas de interés mayores para acceder al financiamiento externo, lo que dificulta su capacidad de pago y agrava su situación de endeudamiento.
Las imágenes de violencia, el secuestro a un medio, los motines, las explosiones y saqueos dieron la vuelta al mundo y han tenido un impacto directo en el precio de los bonos soberanos de Ecuador. El Global 2030 cayó 2,94 % el martes, pero al día siguiente subió un 0,9 %, mientras el miércoles el instrumento estuvo prácticamente plano en torno a los 48 dólares, de acuerdo a Bloomberg Línea.
A la creciente inseguridad se suma la falta de ingresos en el presupuesto estatal. El Banco Mundial prevé un crecimiento de 0,7 % para 2024, una reducción de la proyectada hace tres meses, que era del 1,9%.
La analista Betty Silva, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, explicó a El Debate que la economía ecuatoriana se ha visto muy afectada por los índices de inseguridad en los últimos años, tendencia acelerada desde la pandemia.
«Eso ha generado un estancamiento, desestabilización y disminución de la actividad productiva comercial, principalmente por las extorsiones, que han conllevado el cierre de actividades, de muchos negocios y emprendimientos de pequeños productores», analizó Silva.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en un decreto la existencia de un «conflicto armado interno» en el país.
La contracción productiva se manifestó en el aspecto financiero en un déficit mantenido en los últimos años en torno a los 5.000 millones de dólares y que ha heredado el Ejecutivo de Noboa, con poco margen de maniobra puesto que tiene un mandato que expira en mayo de 2025.
«Para este año el estancamiento económico se proyecta con un valor similar puesto que se esperaba un déficit parecido. Pero ahora vemos que podría ser mucho más alto considerando las medidas adoptadas como el estado de excepción y una mayor reducción de la actividad económica», subraya la analista.
En paralelo, de seguir adelante el estado de guerra interna es de esperar, según la experta, que la recaudación tributaria sea menor si se mantienen los comercios cerrados y se perpetúa el teletrabajo, lo que abocaría al Ejecutivo a recurrir a fuentes de financiamiento externo con un riesgo de impago alto.
«Será difícil recurrir a los organismos multilaterales o la cooperación internacional y no se ha considerado al FMI porque eso implica poder llevar a cabo un plan más a largo plazo y quedaría fuera del período del actual Gobierno», matiza Silva.
Ante la emergencia en materia de seguridad por el desafío que plantea el crimen organizado y un presupuesto ajustado, cunde el temor de que las partidas sociales vitales para importantes capas de la población se vean comprometidas, generando un peligroso círculo vicioso que alimente la delincuencia.
