La posible ilegalización de la AfD y la defensa de la Constitución

A diferencia de España dónde Moncloa y el inestable gobierno de fragmentación presidido por Pedro Sánchez tensiona la independencia judicial y pone contra las cuerdas a los jueces y al orden constitucional para que queden impunes de sus delitos las facciones más extremas de los nacionalismos, en Alemania precisamente lo que más preocupa es defender su Constitución frente a la expansión del nacionalismo.

Ha habido una oleada de masivas manifestaciones, desde Hamburgo, en el norte, hasta Múnich, en el sur, desde Cottbus, en el este, hasta Colonia, en el oeste, para mostrar el rechazo al partido Alternativa por Alemania (AfD) y a su política extrema y nacionalista.

Las protestas se desencadenaron tras revelaciones del medio de investigación Correctiv acerca de un «plan secreto» del nacionalismo para discutir la expulsión de millones de inmigrantes de Alemania, aunque estos tuvieran ya la ciudadanía alemana.

A la vista de que se realizarán varias elecciones regionales en Alemania en 2024, preocupa enormemente a políticos y observadores las consecuencias de una posible victoria electoral del AfD. Esto ha llevado a multitudinarias manifestaciones y a comenzar a pensar cómo ilegalizar AfD o al menos una parte de esta partido como su asociación juvenil, Junge Alternative (JA), porque en la historia de la República Federal ha habido numerosas prohibiciones de clubes y asociaciones, principalmente cuando se trataba de organizaciones nacionalistas de extrema derecha.

Alternativa para Alemania (AfD) está catalogado como partido nacionalista de extrema derecha por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. En Alemania existe una Ley y una Oficina Federal para proteger la Constitución, algo que sería muy necesario en España y que, muy por el contrario, el actual gobierno se está encargando de que no exista nada parecido y, además, de deteriorar gravemente el orden jurídico y constitucional en favor de los nacionalistas más radicales.

La AfD está creciendo exponencialmente y en tres estados alemanes el partido alcanza máximos históricos en las encuestas de opinión. Al mismo tiempo, cientos de miles de personas salen a la calle para manifestarse contra este movimiento nacionalista, de corte racista y antidemocrático. Si se analizasen con sosiego sus posicionamientos no distan mucho de los de Bildu o Junts. Con la salvedad de que AfD se posiciona en la derecha extrema, Bildu en la extrema izquierda y Junts en el puro pragmatismo. Aunque el fondo narrativo y argumentativo es el mismo nacionalismo radical, póngasele el color que se le ponga (negro, rojo o amarillo).

Mientras que en el Parlamento alemán se debate intensamente, estos días, cómo hacer frente al ultranacionalista AfD, en España el fragmentario gobierno de Pedro Sánchez se debate intensamente en justificar (incluido el Ministerio del Interior) el terrorismo ultranacionalista de los CDR o Sunami como un terrorismo «no contrario a derechos humanos».

El crecimiento del AfD y el fuerte eco de sus intenciones de deportar a millones de personas en Alemania, sin embargo, preocupa muy seriamente al gobierno federal cuya ministra de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, declaraba: «Vemos esfuerzos activos por llevar el desprecio por la democracia y la misantropía al centro de la sociedad» pero, contraponía, «esta democracia sabe defenderse».

En contraste, la angustia de muchos españoles es que este gobierno está dejando el Estado de derecho, la Constitución y el Poder Judicial indefenso a mezquinos intereses mientras que en Alemania la Ministra Faeser, responsable de la seguridad de Alemania y de la protección de la Constitución podría contemplar la prohibición del partido AfD, como último recurso y, por supuesto, más allá, contra el heredero del nacionalista y racista Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD) que tras su fracaso en 2017 se escindió y quedó rebautizado, desde entonces, como Heimat (Hogar, o Patria) por lo que no fue prohibido por el Tribunal Constitucional Federal. Algo parecido a Bildu con respecto a ETA (el vasco en la extrema izquierda y el alemán en el extremo neonazi).

Para que el Tribunal Constitucional Alemán prohíba un partido, este debe tener ya el peso suficiente como para poder imponer sus objetivos en algún momento, por eso lo que se está planteando en el debate político alemán es que sería más fácil excluir a un partido anticonstitucional de la financiación estatal.

En Alemania, los partidos se financian con las cuotas de los afiliados, las donaciones y el dinero de los impuestos. Cuanto mayor es la cuota de votos en las elecciones, mayor es el derecho a subvenciones de las arcas del Estado. Un partido nacionalista y con objetivos anticonstitucionales coma AfD, sus subvenciones ascienden actualmente a más de 10 millones de euros. Por eso la vía, más que la prohibición, sería excluiré de esta financiación estatal.

A pesar de lo explicado, los datos más realistas apuntan a que AfD puede llegar a ser la segunda fuerza política, cuanto menos, en la República Federal, sobre todo, gracias al liderazgo de Björn Höcke (1972) que encabezaba desde 2015 una corriente extremista y nacionalista conocida como «el Ala» (der Wing) y se ha convertido en el hombre más influyente de este partido.

Como se ve en Alemania se busca frenar el nacionalismo extremo para defender el orden constitucional. La gran pregunta del debate político actual es: «¿por qué financiar a enemigos de la democracia y la Constitución con dinero público?» Una gran pregunta que cabría hacerse también en España.