El líder de la Francia Insumisa Jean-Luc Melenchon
La ruina programada de Francia si gobierna la extrema izquierda
El programa económico del Nuevo Frente Popular propone un fuerte aumento del gasto público en un país abrumado por el déficit presupuestario y una deuda pública de 3.000 billones de euros
Es innegable que la izquierda radical francesa actuó rápidamente tras la decisión de Emmanuel Macron, anunciada la misma noche de los comicios europeos, de convocar elecciones legislativas anticipadas: al día siguiente, 10 de junio, ya se habían agrupado sus principales componentes –desde socialistas a trotskistas, pasando por comunistas y ecologistas– bajo la bandera del Nuevo Frente Popular. Se trata de un guiño evidente al antiguo, que gobernó Francia entre junio de 1936 y abril de 1937.
Cuatro días más tarde, el 14 de junio, los recién coaligados han presentado el programa electoral que se muestran determinados a aplicar si ganan la noche del 7 de julio, día de la segunda vuelta de las elecciones.
De entrada, el preámbulo del contrato de legislatura señala que «el Nuevo Frente Popular reúne a hombres y mujeres de organizaciones políticas, sindicales, comunitarias y cívicas unidos en la construcción de un programa de ruptura para con las políticas de Emmanuel Macron, respondiendo a las urgencias sociales, ecológicas y de paz».
Política de ruptura. Es decir, echar por tierra todo lo realizado por el actual presidente de la República y los sucesivos gobiernos que ha ido nombrando desde 2017. Y cuanto antes, mejor. Así queda plasmado en las medidas relativas al «estado de emergencia social». Constituye el primer paquete de medidas.
La primera consiste en congelar «por decreto» los precios de los bienes esenciales en alimentación, energía y combustible y reforzar el blindaje calidad-precio para los territorios de ultramar, las provincias francesas más beneficiadas por el chorro de dinero público. El primer Gobierno socialista de François Mitterrand aplicó una medida similar en 1981, antes de renunciar a ella en menos de un año.
La segunda aboga por «derogar inmediatamente los decretos de aplicación de la reforma de Emmanuel Macron que eleva la edad de jubilación a 64 años, así como las reformas del seguro de desempleo».
Dicho de otra forma, el Nuevo Frente Popular pretende arrasar toda la reforma del pasado año y volver a la jubilación a los 60 años como derecho imprescriptible.
Se puede cuestionar el método usado por Macron para impulsar su reforma, pero economistas de horizontes diversos coinciden en destacar que el actual sistema de pensiones en insostenible.
La tercera medida asume un aumento «de la pensión contributiva mínima (pensión de jubilación para una carrera profesional) al nivel del salario mínimo y el mínimo al umbral de pobreza». Suena como generosa, pero, al igual que la segunda medida, el sistema no está en condiciones de soportar su coste.
La cuarta, que en realidad son varias: «Aumentar los salarios elevando el salario mínimo a 1.600 euros netos, aumentando el punto de indexación de los funcionarios en un 10 % (con plena compensación para las administraciones locales), aumentar los complementos de los becarios, los salarios de los aprendices y estudiantes en prácticas».
La quinta sugiere entablar negociaciones comerciales «garantizando precios mínimos remuneradores para los agricultores y gravando los superbeneficios de las agroindustrias y la gran distribución».
Bruselas podría bloquear los precios remuneradores y las principales marcas francesas de gran distribución (Alcampo y Carrefour, por ejemplo) se verían obligadas a aumentar sus precios y a efectuar masivos recortes de plantilla.
Por último, la sexta exige incrementar las ayudas públicas a la vivienda en un 10 %. La situación de la vivienda en Francia es preocupante. Cualquier joven pareja de clase media lo puede confirmar. Pero en un país abrumado por el déficit presupuestario y una deuda pública de 3.000 billones de euros ¿se resolvería con más gasto público?
