Cronología del mayor fraude electoral en la historia del continente americano

El documento fechado el 3 de agosto de 2024 y suscrito por 77 magistrados, profesores, académicos y directivos de la Federación de Colegios de Abogados, agrupados en el Bloque Constitucional de Venezuela, con el acompañamiento de representantes de los respectivos bloques de España y Chile, nos ha permitido reconstruir la cronología de lo que se considera el mayor fraude electoral cometido en la historia de América, y quizás del mundo.

Veamos. Todo comenzó en la misma noche del domingo 28 de julio, día de las elecciones, pues cuando se llevaba cerca del 40 % de transmisión de actas de escrutinio, el CNE detuvo súbitamente el proceso; comenzó a impedir el derecho de los testigos de mesa a obtener las actas de escrutinio y también impidió a los testigos generales de la oposición entrar al CNE y a la Sala de Totalización para supervisar la transmisión de datos.

En las horas subsiguientes, y mientras esto ocurría, el equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia logró acopiar de manera paralela y de mano de sus testigos de mesa, hasta un 73.25 % de las actas de escrutinio, que arrojaban lo siguientes resultados: Nicolás Maduro: 2.759.256 votos; Edmundo González Urrutia: 6.275.182 votos; las cuales, mostraban una tendencia clara, amplia, y transversalmente representativa de la voluntad popular expresada en el evento electoral.

En la madrugada del 29 de julio, manteniéndose interrumpida la transmisión de datos sin que se diera una explicación de sus causas y mientras en distintos centros de votación había disputas sobre la entrega de las actas y la protección de las cajas con votos, el presidente del CNE, incorporando un 40 % adicional de mesas (que no fueron transmitidas desde los centros de votación), leyó un «primer boletín», según el cual: con una participación del 59 % en relación al REP, esto es, 12.452.042, y; con base a un 80 % de las mesas escrutadas y con una tendencia «contundente e irreversible», Nicolás Maduro habría obtenido 5.150.092 votos (51,20 %) y, Edmundo González Urrutia, habría obtenido 4.445.978 votos (44,2 %); quedando sin escrutar 2.393.268 votos.

Ese mismo día 29 de julio, sin que se haya publicado la totalización de las actas de escrutinio de manera desagregada (paso obligatorio según el art. 150 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales - LOPE); con la ausencia de dos de los rectores (una irregularidad en la constitución regular del CNE, en tanto órgano colegiado, (tal como establece el art. 296 Constitución Nacional), y sin haberse establecido con el procedimiento legal establecido, el candidato que obtuvo la mayoría de votos totales emitidos y escrutados (según obliga el art. 152 de la LOPE); el presidente del CNE proclamó al candidato Nicolás Maduro, como «Presidente Electo de la República», para el período 2025-2031.

A partir de allí, el presidente del CNE desapareció de la escena pública y la página web del organismo se hizo inaccesible, por lo cual venció el lapso de cuarenta y ocho horas establecido en el art. 146 de la LOPE, para la totalización y publicación de las actas de escrutinio, sin que se haya mostrado, de manera desagregada el resultado electoral, ni se hiciera pública el Acta de Totalización con el 100 % de los votos escrutados que ordena la ley.

Vencidos los lapsos legales para hacer públicos los datos y sin que tuvieran lugar las auditorias establecidas por la ley y contenidas en el cronograma que el mismo CNE elaboró, se iniciaron las protestas espontáneas que arrojan, hasta ahora, 24 muertes, cerca de 200 heridos y, que se sepa, más de 1.102 detenidos, 100 de ellos menores de edad, la mayoría gente de los barrios pobres, y muchos líderes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

El 31 de julio de 2024, Maduro acudió a la Sala Electoral, indebidamente asistido por el Procurador General de la República (quien incurrió en violación de sus deberes constitucionales y legales, al asistir al candidato Maduro en un asunto que no revestía ningún interés patrimonial para la República), con el propósito de ejercer, lo que denominó, un «Recurso Contencioso Electoral».

Dicho recurso, pretende que el órgano jurisdiccional se avoque «a revisar todo el proceso electoral» y solicite al CNE todos los elementos de prueba de un supuesto «ataque cibernético», del cual solo habla el gobierno; se «pidan todas las actas de escrutinio»; se revise todo el proceso; señalando, además, «que el PSUV, estaría listo para consignar los originales de «las verdaderas actas», y que la Sala Electoral asuma la «verificación» del proceso comicial, a los fines de «certificar» los resultados electorales presentados por el CNE.

Aquí es necesario poner en cuestión el uso de la expresión «verdaderas actas», pues solo existen las actas emitidas por las máquinas de votación. Las actas que tiene la oposición, puestas a disposición pública en un dominio web (más del 90 % de las actas), así como las que debe tener el PSUV, son copias fieles de las emitidas por el CNE y entregadas a los testigos de mesa presentes.

El 1 de agosto, la Sala Electoral admitió la solicitud que presentó Maduro, extrayendo el proceso comicial del único órgano competente según la Constitución y las leyes y sin tener la competencia legal para hacerlo, para concluirlo publicando la totalización, de manera desagregada, esto es, mesa por mesa.

A partir de allí el TSJ procedió a citar a todos los candidatos para firmar un documento que no se hizo público, y ahora se cita a los líderes de los partidos cuyas tarjetas apoyaron al candidato opositor Edmundo González Urrutia, y al candidato mismo, el cual se negó a asistir con muy buenos argumentos.

Se pretende así, judicializar el tema, es decir, exigir del TSJ que identifique delitos cometidos -por la oposición, claro está- y se proceda a abrir los procedimientos penales que correspondan.

Desde ese momento el discurso de odio contra el pueblo que sigue protestando la usurpación, contra los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes políticos de oposición, se ha incrementado, hasta llegar a nivel de tragicomedia con la incorporación de Instagram, Tik-Tok y Whatsapp, al grupo de las entidades odiadas, para las cuales se pide el bloqueo en el país.

Así estamos hoy.