El Gobierno de Barnier sobrevive a su primera moción de censura, pero evidencia su dependencia de Le Pen

El gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, salió airoso este martes de su primera moción de censura en la Asamblea Nacional, promovida por la oposición de izquierda. A pesar de que el intento de derribar al Ejecutivo no alcanzó los votos necesarios, el episodio reflejó con claridad la precaria situación política de Barnier, cuyo futuro depende del apoyo de la derecha encabezada por Marine Le Pen.

La moción, impulsada por los partidos de izquierda en señal de protesta contra el nuevo gobierno, recibió 197 votos, lejos de los 289 necesarios para tumbar al primer ministro. Aunque la votación no puso en riesgo inmediato la estabilidad del Ejecutivo, sí dejó claro que Barnier carece de una mayoría parlamentaria firme y que la derecha, al no apoyar la censura, resultó fundamental para su continuidad.

El encargado de presentar la moción fue Olivier Faure, líder del Partido Socialista, quien reprochó la falta de legitimidad del gobierno de Barnier, recordando que en las últimas elecciones legislativas de julio, la izquierda fue la fuerza más votada. Faure no dudó en señalar que el primer ministro se sostiene en el poder gracias al apoyo de un partido «rechazado por dos tercios de los franceses», en clara alusión a la derecha de Le Pen.

Michel Barnier respondió a estas acusaciones subrayando que, aunque no cuenta con una mayoría absoluta, su coalición de macronistas y la derecha tradicional sigue siendo el mayor bloque en la Asamblea Nacional, con más de 200 diputados. El primer ministro insistió en que su gobierno se basa en una alianza coherente que busca soluciones para los graves problemas económicos del país. «No podemos ignorar la situación financiera catastrófica que enfrentamos. Sería irresponsable», afirmó Barnier, al tiempo que defendió su programa de ajuste fiscal, que incluye un recorte de 40.000 millones de euros en gastos y un aumento de 20.000 millones en impuestos dirigidos a las rentas más altas.

La presentación de este plan presupuestario será, según el primer ministro, el próximo gran reto para su gobierno, que busca sumar apoyos adicionales dentro del Parlamento. «Prefiero ser impopular a ser irresponsable», dijo Barnier ante las críticas de la oposición, consciente de que los próximos meses determinarán si su gobierno tiene margen para mantenerse en pie o si su destino dependerá por completo de acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas.

Desde las bancadas de la izquierda, las críticas fueron duras. Cyrielle Chatellain, diputada ecologista, acusó a Barnier de continuar la «fallida política» de su predecesor, Emmanuel Macron, mientras que Clémence Guetté, de La Francia Insumisa, apuntó directamente a la legitimidad del gobierno, al que describió como un «asaltante» del poder.

Pero más allá de los ataques de la izquierda, el protagonismo indiscutible de la jornada lo tuvo la derecha, liderada por Marine Le Pen, que decidió no apoyar la moción de censura. Guillaume Bigot, portavoz del grupo parlamentario, fue claro al afirmar que su partido no está satisfecho con el gobierno de Barnier, pero consideró que «la ausencia de gobierno sería peor». En un mensaje que claramente busca influir en la acción del Ejecutivo, Bigot dejó abierta la posibilidad de apoyar una moción futura si el gobierno no responde a las tres principales demandas de su grupo: la mejora del poder adquisitivo de las clases medias, un enfoque más estricto en la seguridad, y una política migratoria más dura.

Aunque la moción de censura no prosperó, este episodio deja patente la fragilidad de Michel Barnier al frente del gobierno francés. Si bien logró superar el desafío inmediato, la relación entre su gobierno y la derecha parece destinada a convertirse en un factor clave para la estabilidad política del país. La capacidad de Marine Le Pen para inclinar la balanza en el Parlamento resalta su creciente peso en la política francesa, y aunque por el momento ha optado por no forzar la crisis, ha dejado claro que tiene la capacidad de hacerlo si el gobierno no satisface sus exigencias.