Familiares de presos políticos participan de una manifestación frente a la sede de la ONU
Familiares de menores presos en Venezuela piden a Unicef mediar para que sean liberados
Los allegados de los presos políticos aseguran que «viven en condiciones infrahumanas no aptas para su edad y condición» violando los derechos humanos
Familiares de menores de edad, detenidos en las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, entregaron este lunes un documento a Unicef en Caracas. Mediante este informe piden que interceda para que sean liberados los 70 niños y adolescentes que, aseguran, permanecen encarcelados. También buscan verificar en qué condiciones se encuentran.
Las capturas se produjeron en los días posteriores a los comicios, cuando miles de venezolanos salieron a protestar contra el resultado oficial ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria al actual dictador, Nicolás Maduro. Mientras que el bloque opositor mayoritario, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), gracias a la reunión de las actas de votación ha podido demostrar que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.
Los familiares informan que fueron capturados 142 menores y que 70 continúan en cárceles infrahumanas. Los menores han sido acusados de terrorismo e incitación al odio, entre otros delitos.
Las parientes de los presos políticos explicaron que estas condiciones «incluyen hacinamiento, carencia de acceso a servicios básicos de salud, alimentación deficiente y falta de protección frente a abusos físicos y psicológicos».
Además, advirtieron a Unicef de la situación «alarmante» de los «de los niños y jóvenes» quienes, insisten, «están siendo injustamente detenidos» y pidieron ayuda urgente para su liberación, tal y como informa EFE.
Por su parte, Katherine Martínez explicó que su esposo fue citado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a donde acudió el día 4 de agosto junto a su hija, de 17 años, quien fue detenida allí mismo.
«Fuimos a acompañar a su esposo, nos hicieron entrar al CICPC y nos dijeron: 'es ella la que se queda porque está en un grupo de WhatsApp'. Mi hija está detenida por estar en un grupo de WhatsApp», aseguró, sin precisar los motivos de la citación a su esposo.
Martínez señaló que «están pidiendo para ella 10 años de cárcel» por el delito de «incitación al odio».
Según el Gobierno de la dictadura venezolana, durante la crisis poselectoral se registraron 27 muertes que las autoridades de la autocracia responsabilizan a la oposición. Más de 2.400 personas fueron detenidas.
La oposición no ha cejado de señalar a los cuerpos de seguridad del Estado de represión como los culpables contra la violencia hacia los manifestantes.
