Estados Unidos sanciona a 21 altos cargos del Gobierno de Maduro y presiona a España para que reconozca a Edmundo

EEl Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de nuevas sanciones contra 21 altos funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Las medidas incluyen restricciones económicas y de visado, y responden a los presuntos actos de represión y fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio, en las que el opositor Edmundo González Urrutia se proclamó presidente electo, un resultado que no ha sido reconocido ni por Maduro ni por su gobierno.

Las sanciones, anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., afectan a altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Estos grupos son señalados por estar directamente involucrados en la represión violenta de las protestas, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos, según fuentes oficiales estadounidenses.

La Administración de Joe Biden ha subrayado que estas sanciones son un paso más en su esfuerzo por apoyar la transición democrática en Venezuela, haciendo hincapié en que Maduro y sus aliados han utilizado la violencia para mantenerse en el poder, ignorando la voluntad popular. Además, los funcionarios estadounidenses han señalado que las medidas están dirigidas no solo a Maduro, sino también a aquellos responsables de ejecutar su política represiva, con el objetivo de enviar un mensaje claro: «no solo se responsabilizará al dictador, sino a aquellos que mantienen su régimen».

Entre los sancionados figuran figuras clave como Caryslia Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ, y varios magistrados de esta institución, además de oficiales de alto rango en las fuerzas armadas y de inteligencia. También se incluyen funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Fiscalía Militar, que han sido señalados por su papel en la manipulación de las elecciones y en la persecución de la oposición.

Estas sanciones se suman a las impuestas por Estados Unidos desde 2019, que han afectado a más de 150 individuos y 100 entidades vinculadas al régimen de Maduro. La Administración Biden ha reiterado su compromiso de trabajar con aliados regionales e internacionales para facilitar una transición democrática en Venezuela y ha instado a países de la región como Colombia y Brasil a seguir presionando al régimen venezolano.

El reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo por parte de más de 50 países, incluidos miembros de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha generado un clima de creciente presión sobre Maduro. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca han expresado su frustración con la postura de España, que aún no ha reconocido oficialmente a González Urrutia como presidente, y han urgido a que este reconocimiento se materialice lo antes posible.

Mientras tanto, en Venezuela, Maduro ha intensificado su represión, con detenciones de opositores y un intento fallido de arrestar a González Urrutia, quien se vio obligado a abandonar el país. La situación sigue siendo tensa, con líderes de la oposición como María Corina Machado enfrentando amenazas y juicios por parte del régimen.

Las sanciones de EE.UU. reflejan su firme postura contra lo que considera un régimen ilegítimo y en defensa de los derechos del pueblo venezolano. Sin embargo, la respuesta de Maduro ha sido desafiante, insistiendo en que las elecciones fueron libres y que su gobierno sigue siendo legítimo. En medio de este escenario, las sanciones continúan siendo una herramienta clave para presionar por un cambio en el país.