¿Qué pasaría en Francia si cayera el Gobierno de Barnier antes de Navidad?
Emmanuel Macron, a diferencia de De Gaulle en 1962, no puede convocar elecciones anticipadas: Francia corre el riesgo de una crisis de régimen si no se aprueban los Presupuestos
Hace ya 62 años, el 4 de octubre de 1962, una mayoría de diputados consiguió derrocar al Gobierno encabezado por Georges Pompidou a cuenta de la decisión tomada por el entonces inquilino del Elíseo, el general Charles de Gaulle, de someter a referéndum la posibilidad de que el presidente de la República fuera elegido por sufragio universal directo. Es decir, por todos los franceses en edad de votar.
De ahí que los parlamentarios, temerosos de verse desposeídos de una de sus principales competencias –solo ellos elegían al presidente de la República desde 1871–, replicasen censurando al Gobierno, ante la imposibilidad de hacer lo propio con el jefe del Estado. La respuesta del jefe del Estado no se hizo esperar: convocó elecciones anticipadas para después del referéndum. Los votantes aprobaron el doble órdago al aprobar el 28 de octubre la reforma constitucional y, tres semanas más tarde, ya en noviembre, otorgaron a los gaullistas y a sus aliados una confortable mayoría absoluta. La V República salió consolidada y también el poder personal de su fundador.
Una situación que no podrá repetir hoy en día Emmanuel Macron en caso de que el Gobierno de Michel Barnier cayera antes del periodo navideño, o inmediatamente después, como consecuencia de una moción de censura impulsada por la pinza, inusual pero no descartable, entre el Nuevo Frente Popular (NFP) y la Agrupación Nacional (RN) por su negativa a votar los Presupuestos. En primer lugar, está el imperativo constitucional: al haber convocado comicios anticipados el pasado 9 de junio, no puede volver a hacerlo hasta que haya transcurrido un año. Por otra parte, el actual presidente de la República atraviesa por una fase de extrema debilidad política. De nuevo, nada que ver con la situación de De Gaulle en 1962.
Francia afronta, pues, un más que probable periodo de inestabilidad política. Para intentar que triunfe, Barnier lleva desde principios de semana negociando frenéticamente con los representantes de las fuerzas políticas. Primera en ser recibida –el lunes 25 a las 8:30 de la mañana–, la líder y portavoz parlamentaria de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha logrado arrancar al primer ministro la renuncia a una tasa sobre carburantes, en contra del criterio de los todopoderosos funcionarios del Ministerio de Economía, que no quieren renunciar a unos potenciales ingresos complementarios de 6.000 millones de euros. Sin embargo, esa pequeña victoria de Le Pen no significa que haya renunciado a votar una eventual moción de censura. Es más: ayer, el influyente diputado Jean-Philippe Tanguy aseguró que su partido la votaría.
Ese tira y afloja por parte de los lepenistas es la razón por la que, desde la endeble mayoría que sostiene a Barnier, se esté presionando de manera cada vez más agobiante a los 66 diputados socialistas. Estos, aunque formalmente integrados en el Nuevo Frente Popular, siguen apoyando, eso sí, con un sesgo de izquierdas, los compromisos de Francia para con la estabilidad del euro y la de la Unión Europea. Baste también decir que, entre esos 66 diputados, figura el expresidente François Hollande. De momento, el ambiente en las filas socialistas es que, si la censura no es un fin en sí mismo, tampoco les entusiasma ser partícipes de un proyecto político cuyo referente sea Barnier. Aunque solo fuera por unos meses, de aquí a junio, fecha de unos hipotéticos comicios legislativos.
La incertidumbre política lleva, irremisiblemente, a pensar en los mecanismos institucionales de los que dispone el Gobierno en caso de ser derrocado y de dejar al país sin presupuestos. Como precisa Le Figaro, «el artículo 47 de la Constitución y el artículo 45 de la Ley Orgánica sobre las leyes presupuestarias sientan las bases para evitar un escenario de bloqueo, similar a un shutdown a la americana, es decir, una parálisis presupuestaria que llegue a impedir el pago de las nóminas a los funcionarios». Sería un flotador temporal para un país que ya se financia en los mercados internacionales a un tipo similar al griego. Pero en ningún caso se resolvería la grave crisis política.