La oposición de Corea del Sur acusa al partido gobernante de un «segundo golpe» de Estado por negarse a enjuiciar al presidente
El líder del Partido Democrático afirma que la intención de permanecer en el cargo, pero delegar los poderes en el primer ministro sería una «flagrante violación constitucional sin ningún sustento legal»
La oposición de Corea del Sur ha denunciado que el partido gobernante está llevando a cabo un «segundo golpe» de Estado por permanecer en el poder y negarse a enjuiciar al presidente Yoon Suk-yeol por imponer la ley marcial.
El líder del Partido Democrático, Park Chan-dae, que encabeza la oposición declaraba que «no importa cómo traten de justificarlo, la esencia permanece intacta: esto es el acto ilegal e inconstitucional de una segunda insurrección y un golpe de Estado».
Corea del Sur se hundió en el caos político después de la implantación de la ley marcial, vigente durante seis horas y con la que intentó socavar el mando civil, hasta que los legisladores de la Asamblea Nacional consiguiesen traspasar el bloqueo militar y votar para derogarla, logrando dar marcha atrás.
Según la Constitución surcoreana, el presidente es jefe de gobierno y comandante en jefe del ejército a menos que renuncie o sea incapacitado. En el primero de los supuestos, podría entregar el poder de forma interna al primer ministro hasta la convocatoria y celebración de unas nuevas elecciones.
Restricción para viajar
Park afirma que la intención de permanecer en el cargo, pero delegar los poderes sería una «flagrante violación constitucional sin ningún sustento legal».
Los investigadores detuvieron al exministro de Defensa y entraron en su despacho, además de prohibir viajar a varios altos cargos y al general que lideró el comando de la ley marcial para interrogarles. Igualmente, Yoon podría ser reclamado para testificar, y la policía baraja aplicarle la misma restricción.
El jefe del Cuartel Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía, Woo Jong-soo, afirmó que no existen limitaciones «humanas o físicas a quién se puede investigar», además de insistir en que llevarán a cabo las pesquisas «de acuerdo con la ley y los principios, sin excepciones».